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España pidió a EE.UU. explicaciones sobre Couso un día antes de publicarse lo de Wikileaks

  • Por primera vez, un miembro del Gobierno habla de Wikileaks en el Congreso
  • Defiende que la justicia es independiente y no hay posibilidad de interferir
  • EE.UU. habría presionado a jueces, fiscales y funcionarios para cerrar el caso

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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha revelado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la última comisión rogatoria que cursó a Estados Unidos para averiguar "la verdad" sobre la muerte del cámara José Couso en Irak (en total ha tramitado cuatro), se produjo el pasado 29 de noviembre, un día antes de que se conociera, según las filtraciones de Wikileaks reveladas por El País, que EE.UU. presionó a España para frenar la investigación.

Así ha respondido durante la sesión de control al Gobierno a una pregunta del diputado Francisco Xesús Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto que ha cuestionado al ministro si confirma las filtraciones de la red 'Wikileaks' sobre la presunta colaboración de autoridades judiciales y altos cargos del Ejecutivo con la diplomacia estadounidense para archivar el 'caso Couso'.

Según lo relatado por el director de El País, Javier Moreno, en un debate celebrado este martes en Caixa Fórum sobre Wikileaks, antes de la publicación de cada cable de Wikileaks se han puesto en contacto con las partes afectadas por si querían decir algo, así que es de suponer que el 29 de noviembre el Gobierno ya sabía lo que iba a aparecer sobre Couso.

Caamaño niega connivencia con EE.UU.

Caamaño ha negado esta conniviencia con Washington y ha afirmado que el Gobierno pidió a Estados Unidos que esclareciera "completamente" las circunstancias que rodearon la muerte del cámara José Couso en Irak y que ha habido una "colaboración permanente" del Ejecutivo español con la Justicia en este caso.

Francisco Caamaño, ha calificado de "apreciaciones interesadas" los documentos de Wikileaks sobre el caso Couso y ha mostrado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso una carta del ex ministro Moratinos al ex secretario de Estado de EE.UU. pidiendo que "ampliara la información" y "esclareciese las circunstancias" de la muerte del cámara de Telecinco.

En las primeras explicaciones del Gobierno español en el Congreso sobre las filtraciones de Wikileaks, que apuntan a que EE.UU. presionó a las autoridades españolas para cerrar el caso del cámara José Couso, muerto en Irak bajo fuego estadunidense, el ministro de Justicia ha asegurado "hay hechos y documentos" que refutan las "apreciaciones interesadas y dirigidas a vender los contactos de la comunidad diplomática".

En este momento, ha mostrado una carta remitida por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, a los pocos meses de su toma de posesión al ex secretario de Estado norteamericano, Collin Powell, en la que solicitaba esclarecer "completamente" la muerte de Couso ocurrida el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad.

A juicio de Caamaño, el poder judicial en España es "independiente" y no hay "posibilidad de interferir". "Los jueces y fiscales se expresan a través de procedimientos judiciales y el sumario de este caso continúa abierto", le ha recordado el ministro a Francisco Jorquera, líder de BNG que ha formulado la pregunta al Gobierno en el Congreso.

Cuatro comisiones rogatorias

Según Caamaño, el Gobierno ha colaborado desde el primer momento y permanentemente con la Administración de Justicia, de tal forma que desde abril de 2004, el Ministerio ha tramitado tres comisiones rogatorias a Estados Unidos, la última del pasado 29 de noviembre, y una a Irak, país al que se desplazará próximamente una comisión judicial.

El Consejo General del Poder Judicial autorizó el pasado septiembre que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de desplazara a Irak para reconstruir la muerte del cámara español.

"Esta es la veracidad de lo que ha hecho el Gobierno, que no ha sido otra cosa que requerir la investigación de lo sucedido y colaborar con las autoridades judiciales", ha expresado, antes de destacar que el poder judicial es independiente y el Ejecutivo no tiene "posibilidad de influir" en la judicatura, "algo que las autoridades norteamericanas siempre han reconocido".

"Los jueces y fiscales se expresan a través de procedimientos, el sumario continúa abierto y el Gobierno seguirá trabajando con las autoridades judiciales para la averiguación de la verdad", ha añadido.

Depurar posibles responsabilidades

Por su parte Jorquera, ha puesto de relieve la gravedad de los papeles de Wikileaks que revelan "presiones" por parte de la diplomacia norteamericana para obstaculizar esta investigación y la "presunta colaboración" del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, e "incluso" altos cargos del Gobierno para conseguir este objetivo.

"Nadie hasta hoy ha negado la veracidad de las filtraciones, simplemente se les intenta restar valor afirmando como ha hecho que sólo reflejan una visión de parte o aludiendo a que el proceso sigue abierto pero eso no demuestra que estas filtraciones sean falsas", ha advertido, para después indicar que el carácter de los despachos es de "suficiente gravedad" como para crear una comisión de investigación y "si fuese necesario depurar posibles responsabilidades".

A su juicio, los cables han cuestionado que el Gobierno ha hecho dejación de su deber de defender la soberanía española así como de su obligación de "permitir que se haga justicia" y que el homicidio de un español "no quede impune". El diputado ha subrayado que la familia de Couso y la salud de la democracia española agradecerán que el ministro arroje luz sobre "estas negras sombras".

A este respecto, Caamaño ha insistido en que los cables descansan sobre valoraciones "subjetivas" que "difícilmente pueden someterse a un test de veracidad" y ha insistido en que el Gobierno ha requerido en todo momento la investigación de estos hechos.

Según los documentos filtrados por Wikileaks, la Fiscalía y varios ministros estuvieron en contacto con la embajada estadounidense informando de la evolución de esta causa judicial e incluso asesorando sobre posibles mecanismos para obstaculizar la investigación.

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