El Consejo de Ministros aprobará este viernes el nuevo conjunto de medidas contra la crisis anunciadas esta semana por el presidente del Gobierno, que incluyen una rebaja de impuestos para las pymes, el fin de la ayuda de 426 euros para parados sin cobertura y la privatización parcial de Aena y Loterías del Estado.
El jefe del Ejecutivo presidirá la reunión del consejo tras cancelar su viaje a Bolivia y su participación posterior en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata (Argentina).
Según informan otros medios, el Gobierno está estudiando aprobar un incremento de los impuestos especiales del tabaco que entraría en vigor a partir del próximo 1 de enero.
La última subida de los impuestos especiales del tabaco fue aprobada el 12 de junio del 2009, una medida con un efecto recaudatorio de 1.220 millones de euros anuales, de los que 634 millones corresponden al Estado y el resto a las comunidades autónomas.
El paquete de medidas anunciado esta semana busca dar un impulso a la inversión empresarial y el empleo, mediante una bajada de impuestos que beneficiará a 40.000 pymes y una mejora del tratamiento fiscal de las inversiones y las ampliaciones de capital que favorecerá a todas las empresas independientemente de su tamaño.
La rebaja del impuesto de sociedades consistirá en ampliar el número de empresas que se puede acoger al tipo reducido (del 25%), con el que tributarán todas las que tengan hasta 300.000 euros de beneficios, frente a los 120.000 actuales.
Además, se pasará a considerar empresa de reducida dimensión aquella que tenga una facturación de hasta 10 millones de euros (hasta ahora eran 8 millones).
Junto con las rebajas fiscales, el Gobierno aprobará la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado y del 49% de la gestión aeroportuaria de Aena, en tanto que sacará a concurso público la concesión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con lo que espera ingresar hasta 14.000 millones de euros.
En el plano laboral, desaparecerá la ayuda de 426 euros para los parados sin cobertura, ya que el pago de esta prestación concluirá en febrero y no se volverá a renovar.
En contraposición a esta medida, se doblará el número de orientadores públicos de empleo, hasta los 3.000, y se regularán las agencias privadas de colocación.
Asimismo, los funcionarios de nuevo ingreso estarán adscritos al régimen de la Seguridad Social, y el de clases pasivas se mantendrá sólo para los actuales beneficiarios.
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