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Prisión eludible bajo fianza a los tres abogados de ETA encarcelados en abril por Grande-Marlaska

  • Deberán pagar 60.000 euros cada uno para evitar ir a prisión
  • Los tres están en la cárcel desde abril por ser enlaces entre ETA y sus presos
  • Los policías censuran la liberación de los abogados

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La Audiencia Nacional ha decretado prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros a los abogados Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi, para los que el juez Fernando Grande-Marlaska ordenó el ingreso en la cárcel el pasado 19 de abril por ser los enlaces entre la banda y sus presos.

Entiende que ha disminuido el riesgo de fuga dado el tiempo transcurrido desde que ingresaron en la cárcel -siete meses- y el arraigo familiar y laboral.

Así lo ha acordado la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal en tres autos en los que además de la fianza les impone la obligación de designar domicilio, comparecer semanalmente en el Juzgado, entregar sus pasaportes y la prohibición de abandonar el país sin previa autorización judicial.

Fuentes jurídicas han informado de esta decisión de la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal, que celebró una vista de apelación el pasado martes para estudiar el recurso contra la medida de prisión presentado por los tres letrados, que habitualmente defienden a presos de ETA, que finalmente ha estimado.

Los tres fueron detenidos el pasado mes de abril en una operación en la que también se arrestó a otras siete personas en Vizcaya y Guipúzcoa, por servir de correos con la banda terrorista y gestionar la huida de etarras, de los cuales cinco ingresaron en prisión por orden de Marlaska.

Almacén de documentos

Grande-Marlaska dictó prisión para los tres en abril al considerar que los despachos de los abogados constituían "un centro logístico de distribución" de documentos de ETA hacia los presos y de éstos a sus estructuras, y desde ellos se realizaba una tarea que iba "mucho más allá de las loables funciones de defensa ejercidas con carácter complementario".

El juez basó sus argumentos en la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, Thierry, responsable del aparato político de ETA, arrestado en mayo del 2008 en Burdeos, así como de los efectos aprehendidos en poder de todos los detenidos.

De ellos, concluyó que los abogados se encargaban de enviar a ETA informaciones sobre posibles objetivos y, en concreto, en la documentación incautada en el domicilio de Enparantza --identificado como Mik Mik y al que también atribuye gestiones para cobrar el impuesto revolucionario--. aparecían unas anotaciones sobre tres vehículos "que podrían corresponder a escoltas de cargos públicos".

Más explícitamente, precisa el auto de abril, Enparantza comunicó a la banda la "conveniencia" de asesinar a cargos importantes del PNV, entre ellos, a su presidente, Íñigo Urkullu. El texto no hacía en cambio mención alguna a Alfredo Pérez Rubalcaba, a pesar de que el propio ministro del Interior desveló entonces que los detenidos habían pasado información suya a la banda "para usarla con las peores intenciones".

En el despacho que Enparantza compartía con Sarriegi se localizaron también dentro de un secador de manos más de veinte comunicaciones en unos "canutillos (de papel) envueltos en plástico y listos para enviar/recibir a los presos etarras en Francia y España", además de un sobre con 9.400 euros. También se hallaron documentos escondidos en la silla de Sarriegi, así como en un espacio hueco dentro de una percha colgada en la pared.

Según apuntó el juez en su resolución, el ex futbolista de la Real Sociedad es un "destacado miembro legal" de ETA que "utilizaría la cobertura de su actividad profesional como letrado para realizar otras actividades a favor de la banda armada.

De la tercera abogada, Arantza Zulueta, el juez también sospechaba que pasaba información a la banda.

Los policías censuran la liberación de los abogados

Los dos principales sindicatos policiales, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación Española de la Policía (CEP) han coincidido al expresar su sorpresa y malestar ante la decisión de la Audiencia Nacional de decretar la libertad bajo fianza de los tres abogados de ETA.

"Es una mala noticia, eran gente que se le acusaba de amenazar a miembros de ETA que querían abandonar la banda, que coaccionaban. Si eso es así, estamos dando dos pasos para adelante y uno para atrás y en la lucha contra ETA no hay que dar ni un paso atrás", ha dicho el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de la CEP, Lorenzo Nebrera, quien ha calificado el auto emitido por la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de "curioso por no decir escandaloso". "Hay que leerlo varias veces y detenidamente para observar que realmente es un escándalo", censura.

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