"Contra la xenofobia y la política de la picota". Con este el lema asociaciones y organizaciones no gubernamentales, junto con el Partido Socialista, otros grupos políticos y cientos de ciudadamos marcharán este sábado por toda Francia contra la nueva política de seguridad impulsada por el gobierno de Sarkozy.

Todos consideran las medidas contempladas en el "paquete de seguridad" impulsadas por el Elíseo "abiertamente racistas" en su trato a los gitanos romaníes y buscan "evitar una mancha en la democracia francesa", según ha denunciado la Liga de los Derechos Humanos, que organiza la movilización.

La marcha contará con varios escenarios. Por un lado, en París, está previsto que a las 11 horas de la mañana cerca se inicie la movilización partiendo del Departamento. Lyon, Rennes o Marsella, también apoyarán la manifestación.

El "paquete de seguridad" del presidente incluye medidas como la expulsión de asentamientos ilegales e, indirectamente, vincula el crimen con la inmigración.

Por todo ello, en Francia se ha generado un clima de debate y tensión que, más allá de las calles, ha dividido al Gobierno y ha suscitado el recelo de la Unión Europea, quien ha manifestado su intención de "seguir de cerca" las medidas del presidente.

Iniciativas frente a las elecciones del 2012

El pasado 30 de julio Sarkozy hacía públicas sus intenciones para lograr que disminuya el crimen en Francia. Entre las nuevas iniciativas, la retirada de la nacionalidad francesa a aquellos inmigrantes condenados por ataques a policías. Es más, en el caso de que el agente muera debido a la agresión, se enfrentarán a 30 años de cárcel sin que exista la posibilidad de reducción de la pena.

Ese mismo día aunció su intención de eliminar los campamentos gitanos ilegales y expulsar a sus comunidades en tres meses así como a aquellos que ejerzan la "mendicidad agresiva".

Pero, ¿estas medidas se deben sólo a su interés por la seguridad? Según apuntan varios analistas, detrás de estos anuncios podría estar un intento del presidente por lograr votantes entre los sectores más conservadores del país ante las elecciones de 2012. Es más, también establecen como posibilidad que, con estas medidas, pretenda desviar la atención de otras decisiones más impopulares como la de aumentar la edad de jubilación o recortar el gasto público.

Los asentamientos gitanos en Francia

Frente a todas estas hipótesis, lo cierto es que en la manifestación de este sábado también se encontrarán representados varios miembros del ejecutivo de Sarkozy. Entre ellos, su primer ministro, Francoise Fillon, quien ha "lamentado la decisión del gobierno", una opinión que ha respaldado la Secretaria de Estado, Fadela Amara.

Pero si hay una medida que ha generado controversia, ha sido la de desmantelar campamentos de gitanos ilegales. El gobierno francés ha anunciado que en un mes ya han salido del país 800 personas de etnia gitana. Y, ante lo elevado de la cifra, la Comunidad Internacional ha reaccionado.

De hecho, la Conferencia de Presidentes, formada por los líderes de los grupos presentes en la Eurocámara, ha acordado incluir en el orden del día del próximo pleno, de 6 al 9 de septiembre, un debate sobre "la situación de la población romaní en Europa", según ha confrmado el presidente de la institución, Jerzy Buzek.

Aún así, el gobierno reitera la legalidad de sus acciones. El pasado miércoles, el ministro francés de inmigración, Eric Besson, defendió la política francesa de expulsiones mientras subrayaba que Francia había respetado "escrupulosamente" las normas comunitarias.

Pero este alegato no convence a todos. La Comunidad Europea estudia ahora si se ha producido la vulneración de derecho a la libertad de circulación o la Carta de los Derechos Fundamentales. Además, ha pedido a a Francia que aclare la legalidad de las expulsiones de gitanos en seis puntos concretos entre los que destaca las garantías a los menores y la presunta "voluntariedad" de algunas deportaciones.

Así lo explica el informe preliminar preparado por la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding; la de Interior, Cecilia Malmstrom; y el de Asuntos Sociales, Laszlo Andor, y al que ha tenido acceso la Agencia Efe.