Varios propietarios de vehículos de transporte por carretera han decidido en una asamblea general seguir con la huelga general de forma indefinida en Grecia.EFE/Simela Pantzartzi
Colas de coches repostando en una gasolinera de Atenas (Grecia).REUTERS/Yiorgos Karahalis
Los transportistas de camiones y de camiones petroleros griegos han decidido prolongar de forma indefinida la huelga que mantienen desde hace cinco días.
Unos paros que están ocasionando graves problemas de desabastecimiento en los productos alimenticios pero, sobre todo, en los carburantes.
Según la Unión de Dueños de Gasolineras de Grecia, sólo el 10% de las gasolineras de la capital, Atenas, tienen combustibles.
Esa escasez está haciendo mella en el transporte de personas y de productos; en la agricultura; en la industria y, de forma especial, en el turismo, uno de los pilares económicos del país.
De hecho el mayor problema se presenta en el norte de Grecia y en las islas. Allí, en plena temporada turística, con miles de turistas y griegos que se preparan para partir de vacaciones, no tienen gasolina.
Según fuentes de las Oficinas de Turismo, en los cuatro días pasados se han cancelado un 40% de los itinerarios a las islas.
El presidente de las Uniones del Transporte Terrestre de Grecia, Yorgos Tzortzatos, ha anunciado a los medios de comunicación que continuarán con el paro seguirá porque consideran que el Gobierno no satisface sus peticiones sobre el periodo de transición para liberalizar la profesión.
En concreto se trata del periodo previsto para la eliminación del sistema de licencias que rige en esa profesión, como también en la abogacía o en las farmacias.
Los camioneros piden un periodo de transición de cinco años y rechazan los tres años previstos por el gobierno de Yorgos Papandreu.
La abolición de los sistemas de licencias en estas profesiones es una prerrogativa de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional que otorgaron a Grecia un préstamo trienal de 110.000 millones de euros con la condición de aplicar reformas estructurales.
Los profesionales del sector, que cuentan con 33.000 licencias, se oponen a una ley que se tramitará en el Parlamento en otoño para liberalizar una profesión que está cerrada a nuevos permisos desde hace 35 años.
Esta situación ha llevado a que las licencias se vendan a precios astronómicos que alcanzan hasta los 300.000 euros.
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