Doce guardias civiles siguen de baja por estrés postraumático como consecuencia del atentado perpetrado por ETA el 29 de julio del año pasado contra la casa cuartel de Burgos, en el que no se produjeron víctimas mortales pero si cuantiosos daños materiales.
El secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Martín Hernando, ha afirmado en rueda de prensa que las autoridades "han pasado página" pero los que sufrieron el atentado, los guardias civiles y sus familias "lo siguen teniendo muy presente".
De hecho, ha señalado que la mayoría de las 90 personas que residían en la casa cuartel de Burgos hace un año han solicitado, "de momento por vía administrativa", que se les conceda la consideración de "víctimas del terrorismo, que conlleva ventajas fiscales, administrativas y sociales".
El portavoz de la asociación de civiles afectados por el atentado, Ángel Fuente, ha asegurado a Efe que todavía hay vecinos que no han cobrado todo lo que les corresponde por los daños que sufrieron sus viviendas y vehículos y "el consorcio de compensación de seguros, que se ha hecho cargo de parte de los daños, ha sido muy cicatero".
Tras asegurar que los arreglos de los daños aún no han terminado, el portavoz vecinal ha señalado que "ahora nadie se hace cargo de los vicios ocultos que aparecieron en las viviendas tiempo después del atentado, como las grietas".
Además, ha criticado el "abandono" de las administraciones, cuyos representantes "prometieron de todo" justo después del atentado pero "después ni siquiera han preguntado cómo están los vecinos afectados".
Ángel Fuente ha recalcado que en los últimos días ha intentado contactar con la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, para exponerle los problemas que afectan a los vecinos y no ha conseguido que le reciba ni fijar una cita porque "está muy ocupada atendiendo a los periodistas".
Tanto la AUGC como los vecinos de la zona se han mostrado contrarios a la reconstrucción de la casa cuartel que ha sido decidida "unilateralmente y sin contar con nadie" por el Ministerio del Interior, según Hernando.
En su opinión "esta era una buena ocasión para separar el cuartel de las viviendas y que cada guardia y sus familias vivan donde quieran, como hacen los policías nacionales".
No obstante, ha reconocido que "por disciplina y profesionalidad" es posible que muchos acepten la situación y algunas familias vuelvan a la casa cuartel.
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