El Gobierno ha conseguido este miércoles aprobar dos relevantes medidas económicas, ya que el pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde de forma definitiva a la ley de cajas y al techo de gasto presupuestario para 2011, que por la mañana había sido rechazado en el Senado.

La Cámara Baja también ha aprobado de manera definitiva el proyecto de Ley que establece un sistema específico de protección por cese de actividad a los trabajadores autónomos, aunque  incorpora, con el voto en contra del PSOE, una enmienda de CIU que crea una nueva prestación no contributiva de 425 euros mensuales durante seis meses para los trabajadores por cuenta propia que, estando en situación de desempleo, no reciban ninguna ayuda económica estatal.

La nueva prestación, que prosperó por 175 votos a favor y 171 en contra y tres abstenciones, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2009 y se destina a aquellos trabajadores cuya media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del Salario Mínimo  Interprofesional (SMI) y que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tres de los últimos cinco años.

El techo de gasto, por apenas dos votos

A pesar de este revés, los socialistas han logrado levantar el veto del Senado al límite de gasto no financiero del Estado, aunque por un margen aún más ajustado que en la primera votación realizada ayer en el Congreso.

Así, la norma que establece el montante máximo que el Gobierno podrá plantear en los Presupuestos Generales del estado de 2011 ha salido adelante por apenas dos votos, ya que ha recibido 169 votos a favor -los del PSOE-, 167 en contra -los de PP, PNV, ERC, IU-ICV, BNG, Nafarroa-Bai, UPyD- y 13 abstenciones -las de CiU, CC y UPN-.

Amplio respaldo a la ley de cajas

Por el contrario, la modificación de la Ley Estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros ha recibido el respaldo de los dos principales grupos políticos, PSOE y PP, de forma que ha recibido 323 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones.

Pese a su aprobación, gracias al consenso entre las dos principales fuerzas políticas, la norma ha sido criticada por gran parte del resto de grupos, que han denunciado que supone el primer paso hacia la privatización de las cajas, así como, en el caso de los nacionalistas, una invasión en las competencias autonómicas.