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El Banco de España abre expediente informativo a los últimos consejos de administración de Cajasur

  • Los dos últimos presidentes, entre los expedientados
  • Permitieron excesivos riesgos en operaciones "no muy claras"
  • También se les acusa de incumplir el acuerdo para la fusión con Unicaja

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El Banco de España ha abierto expediente informativo a los últimos consejos de administración de CajaSur por incurrir, entre otros aspectos, en una excesiva concentración de riesgos en operaciones "no muy claras" y oponerse a la fusión con Unicaja, que derivó en la intervención del organismo regulador.

Según han informado a EFE fuentes financieras, los miembros del consejo presidido por el canónigo Juan Moreno -entre 2005 y 2006- y por Santiago Gómez Sierra -desde 2006 hasta la intervención del Banco de España, el pasado 21 de mayo- han recibido este lunes la notificación de la apertura de los expedientes informativos, que tienen como objetivo depurar responsabilidades.

Eclesiásticos expedientados

El que fuera presidente de la entidad cordobesa entre 1997 y 2005, el sacerdote Miguel Castillejo, se queda fuera de este expediente informativo, aunque sí están afectados otros cargos eclesiásticos, como el que fue su sustituto, Juan Moreno, o los también canónigos Juan Arias o Mario Iceta.

Otros de los miembros de este consejo que habrían recibido la notificación del Banco de España son José Antonio Nieto, Andrés Ocaña y Luis Martín Rubio.

Por otra parte, el organismo regulador ha abierto otro expediente al consejo que presidió Santiago Gómez Sierra por incumplir el acuerdo que adoptó ante el organismo regulador para fusionarse con Unicaja, negativa que derivó el pasado 21 de mayo en la intervención de la entidad financiera.

A partir de ahora, se abre un período de alegaciones de 20 días para que cada uno de los consejeros comunique lo que considere oportuno para evitar posibles sanciones que, de momento, no han sido mencionadas por el Banco de España.

Sin embargo, como ya se explicó en el momento del cese de la dirección de la caja y según recoge la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España, sus directivos podrían enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros cada uno por su gestión al frente de la entidad, y a la inhabilitación de hasta diez años para ejercer algún cargo en el sector financiero si se prueba que incurrieron en infracciones tipificadas como muy graves.

Así, la entidad cordobesa podría haber incurrido en el mantenimiento de unos recursos propios inferiores a los exigidos, que ascienden al 8%, mientras que los de la entidad se sitúan entorno al 3%. En concreto, la Ley de Disciplina e Intervención recoge como infracción muy grave "mantener durante un período de seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos para obtener la autorización correspondiente al tipo de entidad de crédito de que se trate".

Además, la caja cordobesa podría haber sobrepasado los límites en la gestión de riesgos por su alta exposición al mercado inmobiliario, lo que podría suponer una infracción grave. Por este tipo de infracciones, los directivos de la caja se podrían enfrentar a multas individuales de hasta 90.000 euros o una inhabilitación para ejercer cargos de administración en cualquier entidad por plazo no superior a un año.