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El TC estudia este jueves el borrador de Casas pese a los recursos de la Generalitat

  • El texto de la presidenta del Constitucional sera el séptimo a debate
  • Cataluña pidió al tribunal que se declare incompetente, lo que debe votar
  • El gobierno autonómico también pedirá reincorporar al juez recusado

Ver también:  Los recursos contra el Estatut  /  Puntos más polémicos  /  Cronología / Los jueces

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El Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá a las 10.00 horas de este jueves para estudiar el borrador elaborado por la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, de la sentencia que debe resolver el recurso que interpuso hace casi cuatro años el PP contra el Estatuto  de Cataluña.

La convocatoria se mantiene a pesar de estar aún pendientes de  resolución los recursos de súplica interpuestos tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalán contra la negativa del Constitucional a declararse incompetente para dictar sentencia sobre este asunto,  puesto que la tramitación de estos incidentes no tiene carácter suspensivo (artículo 93.2 de la LOTC).

No obstante, fuentes del alto tribunal han señalado que no se descarta que, antes de entrar en el fondo del asunto, los  magistrados prefieran esperar y aplacen su deliberación hasta la  semana próxima, que es cuando está previsto que se resuelvan, previsiblemente rechazándolas, las pretensiones de Generalitat y el Parlament.

El pasado martes, el Tribunal Constitucional acordó dar un plazo de tres días  a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a los siete recurrentes del  Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos sobre la cuestión de competencia.

Estos recursos plantean falta de legitimidad del tribunal por haber extinguido varios magistrados, entre ellos su presidenta, el mandato para el que fueron designados por las Cortes.

La nueva ponencia

El contenido de la ponencia que tiene previsto someterse mañana a  debate no modifica sustancialmente el presentado hace unos meses por  la magistrada del denominado 'sector progresista' de este órgano  Elisa Pérez Vera.

Fuentes del TC han señalado que el texto que presenta Casas, que es la séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente idéntico al de Pérez Vera, y podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y  otra veintena podrían ser sometidos a interpretación.

Por ello, y en previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso  necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del próximo  verano, según manifestó ella misma la semana pasada a un grupo de periodistas. No obstante, primero los magistrados deberán ponerse de acuerdo sobre las normas de votación.

En este sentido, la Generalitat va a pedir este jueves que el magistrado  Pablo Pérez Tremps pueda votar en aquellos artículos  del Estatuto catalán por los que no fue recusado, siempre que se decida la votación por artículos o bloques.

Según las fuentes del gobierno catalán, si la petición fuese aceptada Pérez  Tremps sólo debería abstenerse en los artículos relacionados con acción  exterior y Unión Europea, que fue sobre los que emitió un informe para la Generalitat cuando se estaba elaborando el Estatuto.

Seis intentos fracasados

Casas asumió la nueva redacción el pasado día 19 con el fin de desatascar  la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para  lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el  elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril  por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial, mientras que el segundo, elaborado por el conservador Guillermo Jiménez, ni siquiera fue sometido formalmente a consideración.

Casas, junto con el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es una de los magistrados de  este órgano cuyo mandato concluyó en diciembre del 2007 sin que el  Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el  consenso necesario para conseguirlo.