La Mesa del Congreso de los Diputados decidió prorrogar por tercera semana consecutiva el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Economía Sostenible, si bien el PSOE espera poder remitir al Senado el texto a fin de junio,  coincidiendo con el fin del actual periodo ordinario de sesiones.

Los socialistas dan por sentado que la norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo, no completará todo su trámite parlamentario antes del verano, tal y como pretendía inicialmente el Ejecutivo, sino que su entrada en vigor se retrasará al menos hasta los últimos meses de 2010.

Así, la norma no arrancará su trámite en la Cámara Alta en otoño, con lo que el tramo final de su debate coincidiría con el inicio del de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que el Ejecutivo entregará al Congreso a finales de septiembre.

El retraso en la aprobación del proyecto se explica por la necesidad de consensuar el texto con los múltiples organismos y sectores afectados. La norma incorpora un gran número de aportaciones realizadas en la fase de consulta pública por los agentes sociales, las Comunidades Autónomas, Entes Locales,  órganos consultivos y, en especial, el Consejo de Estado.

Retraso acumulado

La LES tardó, desde su aprobación en Sevilla, varios días en entrar en el Registro del Congreso. En este tiempo, los esfuerzos de los grupos se desviaron hacia el pacto de Zurbano, fruto de la negociación entre el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas, y que incorpora varias de las medidas avanzadas en la conocida como Estrategia de Economía Sostenible.

Sin embargo, los grupos de la oposición consideran "muy insuficiente" la futura norma, que previsiblemente recibirá una  enmienda a la totalidad por parte de PP y de UPyD, mientras que un apoyo global de las minorías de la izquierda parlamentaria es "difícil", según admiten los socialistas, que buscarán acuerdos con CiU y PNV para una tramitación cómoda.

Los nacionalistas vascos son reacios a facilitar las cosas al Gobierno, tras la polémica por la supresión de los blindajes empresariales, que a su juicio perjudica a empresas con gran presencia en el País Vasco, como Iberdrola, y ya han avisado que exigirán contrapartidas directas a cambio, como ya hicieron en los Presupuestos de este año.

Díficil tramitación

En cualquier caso, todos los grupos tienen la firme intención de "modificar a fondo" la norma que el Gobierno quiere tramitar con el  "máximo consenso", según ha reiterado el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre los principales ejes de la norma, se encuentran la mejora del entorno económico, que concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de las empresas y la economía españolas.

Como aspectos más destacados, se regula el principio de buenas prácticas en las administraciones públicas y se establece la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas.

Aborda también la reforma de los organismos reguladores de carácter económico; incluye medidas de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores; contiene medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector; fomenta la disciplina presupuestaria de las entidades locales, estableciendo  controles periódicos de la ejecución presupuestaria.