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Un informe policial apunta a una "financiación irregular" de los actos del PP valenciano

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Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, incluido en el tomo 60 del sumario de Gürtel, concluye que hubo una "financiación irregular" de los actos realizados por las empresas de Francisco Correa para el PP valenciano y que se facturaba al partido de forma "dual", de manera formal y en dinero 'B'.

El informe policial, titulado "Informe sobre Orange Market S.L., sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana", apunta que el conglomerado empresarial de Correa obtenía adjudicaciones y "resoluciones favorables" de la Administración Pública a cambio de contraprestaciones económicas a personas con puestos de responsabilidad política y con capacidad de decidir o influir.

Según este documento, existía una "vinculación directa" de la trama con responsables del PP valenciano y de la Generalitat y señala que Orange Market -la delegación del conglomerado de Correa en Valencia- prestaba servicios tanto al PP valenciano como al Gobierno. Además, apunta a que es Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', uno de los imputados en el caso, el que mantenía negociaciones directas para cobrar los actos realizados con Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y otros cargos como David Serra, Yolanda García Santos y Vicente Rambla.

El informe asegura que, para liquidar sus deudas con el PP valenciano, Orange Market realizaba una "facturación 'ad hoc'" con "conceptos creados al efecto entre el propio Álvaro Pérez y Ricardo Costa", que David Serra preparaba los talones "eliminando determinados conceptos" y Yolanda García libraba los fondos a indicaciones de Costa "con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios".

La doble facturación

En sus conclusiones, la Brigada de Blanqueo de Capitales explica el sistema de "doble facturación" que llevaba Orange Market con el PP de la Comunidad Valenciana. Ésta consistía en una facturación real, que incluía facturas formales emitidas por Orange Market al PP valenciano con su correspondiente IVA, y otra facturación sin factura "y por tanto sin reflejo contable y por tanto sin repercutir el correspondiente IVA".

El informe añade que la facturación formal se denominaba 'ALICANTE' y era referida al dinero que se ingresaba en Caja A y recogía "una parte del coste real del evento", mientras que el resto se facturaba fuera de factura, bajo la denominación 'BARCELONA', y se ingresaba en la Caja B de Orange Market, que a su vez derivaba parte hacia la Caja B matriz de la trama en la calle Serrano. "En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolldas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", dice la Policía.

La Brigada de Blanqueo de Capitales, que forma parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, también señala la existencia de "alteraciones sustanciales" en las facturas de la Caja A cuando éstas quedan pendientes de cobro, encuadradas contablemente en la denominada 'deuda A', como incrementos de la base imponible o cambios de cliente, de forma que "pasa de ser" el PP de la Comunidad Valenciana o el PP de Castellón a ser empresas privadas como Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA o Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

Además, el informe revela que la deuda B se sufraga "con aportaciones directas" de empresarios valencianos, como el presidente de Facsa, Enrique Gimeno; el administrador único de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, Enrique Tomás Ortiz; el presidente del grupo empresarial PIAF, Antonio Pons; Vicente Cotino, del grupo inmobiliario Sedesa; y Luis Batalla, del grupo empresarial Lubasa. Esas aportaciones, asegura la Policía, se "enmascaran" mediante la emisión de facturas por Orange Market para justificar el pago, aunque también se producen alteraciones en las mismas y se cambia al cliente PP por alguna de esas empresas.

Esa deuda B también se sufragaría "con entregas directas de dinero anotado en la Caja B de Orange Market como procedente del PP valenciano que engrosan los fondos B de la sociedad y que se destinan a minorar la deuda sin que exista contrapartida entre las facturas emitidas por Orange Market".

Ricardo Costa "canaliza" los pagos

En sus conclusiones finales, el informe también apunta que hay financiación de actos del PP valenciano por parte de empresarios, aunque estas donaciones no ingresan en la cuenta corriente del partido, y "como contraprestación a los favores realizados" al partido tienen contratos y realizan obras para la Administración Pública.

Según la Policía y teniendo en cuenta conversaciones telefónicas, el propio Ricardo Costa actúa como "canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero". De esta manera, "esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y, por tanto, no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Además, para la Brigada de Blanqueo de Capitales el sistema de "doble facturación" y de "financiación irregular" de los actos organizados por Orange Market para el PP valenciano tiene una "persistencia en el tiempo" y supone una "actuación sistemática".

El informe concluye que del dinero de la Caja B del conglomerado de Correa sirve para sufragar tanto los gastos de la organización como para las "entregas de dinero" a responsables políticos del PP, entre los que cita a Luis Bárcenas, Jesús Merino, José Gerardo Galeote, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch, Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda, Ginés López, Tomás Martín, José Galeote, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega y Carlos Clemente. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivó el pasado agosto la parte valenciana del caso Gürtel por un delito de cohecho pasivo contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, al considerar que no existía relación directa entre el pago de prendas y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.

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