El Gobierno ha presentado en el Tribunal Constitucional su recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de cajas de ahorros aprobada recientemente por el Parlamento gallego, según fuentes del Alto Tribunal.

El Ejecutivo confirmó el viernes su intención de presentar este recurso, por entender que la norma gallega va "más allá" de las competencias de esa comunidad a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las entidades de crédito regionales (en alusión a Caixa Galicia y Caixanova).

Así lo apuntó entonces la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien señaló que "la ley no se ajusta" a la legislación básica estatal de cajas de ahorros -la LORCA, sobre la que deben regirse las normas regionales- en cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.

El lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, confirmó que el Gobierno gallego se reunirá "de forma inmediata" con el central para tratar de llegar a un acuerdo sobre los cambios que necesita la ley, lo que no evita por el momento que el Ejecutivo siga adelante con el recurso.

En esa reunión se deberá "empezar a hacer lo que teníamos que hacer antes de judicializar" la situación de las cajas, según Núñez Feijoo.

"Error histórico"

El presidente de la Xunta advirtió en cualquier caso de que "no sería comprensible" que una administración responsable situara a Galicia en un "auténtico laberinto sin salida aparente" si se queda sin cajas, por lo que pidió responsabilidad para no cometer ese "error histórico".

Entre los artículos de la ley que cuestiona el Gobierno está el que da a la Xunta poder para designar directamente a una cuarta parte de las entidades representativas en las Asambleas generales de las cajas gallegas.

Otro de los puntos más polémicos es el que señala que las corporaciones municipales, los sindicatos, las entidades de interés general o los impositores -clientes- tengan sólo un representante en los consejos de administración de las cajas gallegas, mientras que el Gobierno autonómico puede contar con más.