El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, ha pedido que la nueva iniciativa ciudadana sea "cercana" y funcione con "transparencia". Una reclamación que ha hecho en la consulta abierta por la Comisión Europea antes de preparar la legislación que la regule.
Según Diamandouros es importante que las reglas permitan a todos los ciudadanos ejercer este nuevo derecho. Y es que el defensor teme que, si no se tienen en cuenta sus recomendaciones, puedan surgir quejas por mala administración.
Ha advertido, por ejemplo, de que el registro de una iniciativa, previo a la recogida de firmas, no debe suponer un "obstáculo burocrático o político".
El Defensor reclama también que, para evitar malgastar tiempo y esfuerzo en la recogida de firmas, la Comisión debería adoptar una posición sobre si acepta o no la iniciativa desde el momento mismo en que ésta se registre.
Según el Tratado, la CE no está obligada a convertir en propuestas las iniciativas populares que le lleguen, pero en caso de rechazo sí tendrá que explicar y argumentar sus razones.
Además ha sugerido que aquellos que presenten iniciativas informen sobre la forma en la que serán financiadas y qué organizaciones están detrás de ellas.
Considera por otro lado que un plazo de seis meses "parece razonable" para que la CE examine una iniciativa ciudadana. Si el Ejecutivo comunitario decidiera hacer caso de ella y elaborar una propuestas legislativa, entonces pide que fije una fecha límite para presentarla.
El Defensor europeo también ha hecho hincapié en que, en el análisis de una iniciativa, la Comisión debería presentar sus conclusiones jurídicas separadas de sus conclusiones políticas, ya que el control de las segundas compete al Parlamento, mientras que el de las primeras también le compete a él.
La Comisión pretende que la iniciativa esté operativa a principios del próximo año
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