La directora general de Radiotelevisió de Mallorca, Marisa Goñi, ha declarado ante el juez que instruye el caso Maquillaje que el Consell de Mallorca acordó entre 2005 y 2006 el pago de 280.000 euros a la entidad que aúna a televisiones locales de la isla y otras empresas vinculadas a la productora Vídeo U, investigada dentro de este procedimiento, por la catalogación del material audiovisual de estas televisiones pese a que ésta nunca se produjo.

En una extensa comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, el fiscal anticorrupción Juan Carrau y varios letrados, Goñi ha ofrecido con detalle numerosos datos en relación a la puesta en marcha de Televisió de Mallorca, una televisión pública impulsada por el Consell.

Entre estas cuestiones, ha manifestado que la anterior factura "compensaba" la cesión gratuita de los derechos de emisión de las televisiones locales hacia Televisió de Mallorca, lo que permitía que ésta llegase "a muchos pueblos".

Tal y comoha relatado, en esa época había televisiones que por orden de la Administración debían cerrar, de modo que éstas aceptaron ceder sus derechos de forma gratuita.

Sin embargo, posteriormente el  Consell acordó el pago de 280.000 euros a Xarxa Audiovisual de Televisions Locals y a cada cadena que tenía orden de cierre "se le libró un dinero como para compensarles". Asimismo, ha aseverado que "había una exigencia política de montar Televisió de Mallorca con  urgencia".

En este caso se investiga el supuesto desvío durante la anterior legislatura de dinero público del Consell de Mallorca a manos de políticos de UM mediante la contratación directa, el concurso y las subvenciones de diferentes productoras audiovisuales vinculadas a ellos.

Careo de dos miembros de UM

Dentro de la instrucción del caso, el pasado martes, el ex conseller de Turismo y concejal de Palma de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, y su compañero de partido el conseller de Medio Ambiente, Miquel Ángel Grimalt, protagonizaron un tenso careo judicial -pedido por el juez instructor a raíz de las contradicciones en las que incurrieron en su declaración el pasado diciembre- en el que cuestionaron mutuamente sus afirmaciones.

Los dos integrantes de UM centraron sus declaraciones en la prórroga del contrato de concesión de la radio pública Ona Mallorca por parte del Consell a la productora Studio Media, propiedad de Alfredo Conde, presunto testaferro del ex miembro de UM Bartomeu Vicens, y la mujer de éste, Elisabeth Diéguez.

Durante el mismo, Nadal acusó a Grimalt de contradecirse y le retó "públicamente" a demostrar sus afirmaciones. "En su forma de explicar las cosas parece que tiene miedo y quiera derivar las responsabilidades", ha afirmado Nadal -vicepresidente del Consell en la anterior legislatura- respecto a Grimalt.

Además, Nadal ha acusado a su compañero de partido de ser "amigo" de Vicens y de llegar al Consell "muy recomendado" por él, aspecto que el conseller de Medio Ambiente, entonces coordinador de Servicios Generales, ha negado.

Respecto a la prórroga de la contrato a Studio Media, de la que se cuestiona su legalidad, Grimalt ha sostenido que él solo acató las órdenes de Nadal, que le dijo que la tramitara. El concejal de Palma ha respondido a Grimalt que esta decisión fue del órgano de contratación, no suya, y ha sostenido que en su tramitación no hubo ninguna irregularidad.