El presidente del PP, Mariano Rajoy, y sus 'barones' autonómicos han acordado este viernes que en la Conferencia de Presidentes del próximo lunes  reprobarán la Ley de Economía Sostenible que ha presentado el  Ejecutivo y llevarán a esta cita su propio decálogo con las medidas económicas que a su juicio deben ponerse en marcha para salir de la  crisis.

Rajoy y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han almorzado este mediodía en la sede nacional del partido  para fijar una estrategia ante la Conferencia del lunes, en la que se  abordarán temas como la situación económica, la presidencia española  de la UE, la violencia de género o la situación del sector agrario.

En esta comida en 'Génova', los presidentes populares han criticado las "desacertadas" políticas económicas del Gobierno y, en concreto, la nueva Ley de Economía Sostenible, han censurado además que se convoque a los presidentes autonómicos "para escenificar el apoyo al proyecto gubernamental", según sostiene el PP en un comunicado.

Un decálogo con las medidas necesarias para salir de la crisis

Los presidentes del PP consideran que es necesaria una política  económica "coherente y valiente" y por eso han acordado llevar a la  cita del lunes un decálogo con las medidas que, en su opinión, son  necesarias para salir de la crisis.  

En ese decálogo, los 'populares' argumentan que es "imposible  pretender diseñar una estrategia para una economía sostenible  despilfarrando los recursos públicos a ritmos insostenibles y  decretando la mayor subida de impuestos de la democracia".

Además,  subrayan que los "problemas reales" de la economía española requieren  "otras reformas de profundo calado" que, dicen, no contempla el  proyecto de Economía Sostenible.

"Objetivo prioritario: la creación de empleo"

El PP aboga en ese documento por restaurar la confianza en la economía y la credibilidad de la política económica  recuperando la estabilidad presupuestaria a través de la austeridad  en el gasto público. También defiende que se promueva, en el marco  del diálogo social, una reforma laboral similar a la acordada en 1997  que "tenga como objetivo prioritario la creación de empleo".

En ese mismo documento, pide dar la máxima prioridad a la  reestructuración y saneamiento del sistema financiero, en particular,  de las cajas de ahorro; acometer las necesarias reformas  estructurales que permitan avanzar en la liberalización de los sectores económicos básicos, como el energético, las  telecomunicaciones o el transporte; y diseñar una política energética  a medio y largo plazo coherente y sostenible "que garantice el  suministro en términos de calidad, cantidad y precio".

El PP reclama además que se optimicen los recursos presupuestarios  destinados a I+D+i y a la internacionalización de las empresas,  avanzar en la unidad de mercado, diseñar un sistema educativo  "competitivo y eficaz", mejorar los sistemas de defensa de la  competencia y reformar los organismos reguladores.