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Los juristas no se ponen de acuerdo: ¿Se debe dejar morir a Aminatu Haidar?

  • La mayoría de asociaciones judiciales defienden la libertad de la activista 
  • Otros juristas dicen que el Estado debe proteger su vida
  • El Gobierno dice que "baraja todas las medidas legales" para preservar su vida

Ver también: cronología del 'caso Haidar'/ preguntas y respuestas

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RUEDA DE PRENSA AMINATU HAIDAR
Haidar ha renunciado a la atención médica y amenaza con acciones legales si se quebranta su voluntad. EFE REUTERS

La situación en la que se encuentra la activista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde hace 26 días, plantea un dilema legal con posiciones encontradas.

Ella ha renunciado, por escrito y ante notario, a cualquier tipo de atención médica , incluso si entra en coma, y ha amenazado con acciones penales si se quebranta su voluntad.

¿Se respetará su deseo de no recibir alimentación ni atención sanitaria? ¿Hasta cuándo? ¿Hay que dejarla morir?

La mayoría de asociaciones judiciales consultadas por RTVE.es coinciden en que debe primar el derecho a la libertad de Haidar, pero otras fuentes jurídicas abogan por proteger su vida cuando ésta corra peligro.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que se están barajando "todas las medidas que la ley nos ofrece" para preservar la vida y la salud de la saharaui. El Gobierno espera, además, que no se llegue a "una situación límite".

¿Derecho a la libertad o a la vida?

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, asegura que la activista es "dueña de su vida" y no se pueden desarrollar actuaciones médicas "contrarias a su voluntad" aún en el caso en el que pueda morir.

"En su testamento vital ella ya se ha anticipado a lo que puede ocurrir, es consciente de los peligros que corre y es perfectamente consciente", ha añadido.

A su juicio, si se actúa en contra de su voluntad, se violará la Ley General de Sanidad y leyes autonómicas

Por su parte, el Foro Judicial Independiente considera la vida "como un valor que debe protegerse" y considera que el Estado debe utilizar los mecanismos que estén en su mano cuando esté en "verdadero peligro" la vida de Haidar.

En declaraciones a RTVE.es, el presidente de esta asociación, Conrado Gallardo, ha señalado que "se debe actuar de la misma manera que si alguien decide quemarse a lo bonzo o tirarse desde un quinto piso, que es prestandole atención médica ".

La Asociación Derecho a Morir Dignamente va más allá y advierte al Gobierno de que cometerá una ilegalidad si atiende a la activista sin que ésta lo autorice. Jueces para la Democracia también defiende la voluntad "libre y consciente de Aminatu".

El Estado puede decidir en las huelgas de hambre de los presos

El Tribunal Constitucional dictó dos sentencias en 1990 con ocasión de la huelga de hambre que mantenían varios presos de los GRAPO. Entendió entonces que entre la Administración Penitenciaria y los reclusos existe una relación jurídica especial que convierte al Estado en su tutor.

Hasta ahora el Gobierno sólo se ha visto obligado a intervenir en casos de huelgas de hambre de presos, como fue el caso de José Ignacio de Juana Chaos, por lo que el caso Haidar es una novedad.

Todas las asociaciones consultadas coinciden en que sólo en los casos de ayunos de presos no hay dilema legal porque el Estado debe proteger la salud de los reclusos.

El coordinador de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, señala que no se puede incluir en ese paraguas el caso de Haidar, por lo que "hay que respetar la decisión de Aminatu". 

¿Se puede acusar de omisión de socorro a las personas que la acompañan?

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura insisten en que "ese no es el debate". "No se puede pretender colocar la pelota sobre otros tejados y hablar de las responsabilidades de terceros", ha dicho a RTVE.es su portavoz, Antonio García, para quien lo único que hay que respetar es la "libertad sagrada" de Haidar.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente asegura que no puede haber omisión de socorro cuando previamente se ha renunciado y por escrito a ese auxilio. 

Su coordinador, César Caballero, ha relatado que miembros de su organización han acompañado a personas que libremente decidían suicidarse y "posteriormente no ha habido caso judicial".

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