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El Secretariado Gitano acusa a los poderes públicos de "discriminar" al colectivo

  • Aplauden la sentencia de Estrasburgo y advierten que hay más casos
  • Un tribunal europeo da validez legal a las bodas gitanas en una sentencia

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El director de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Isidro  Rodríguez, aplaude la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que reconoce el derecho de una mujer gitana, María Luisa  Muñoz, 'La Nena', a cobrar la pensión de viudedad que la Seguridad Social le negaba.

Por otro lado acusa a los poderes públicos de "discriminar  al colectivo, dificultando la defensa de su dignidad".

Rodríguez asegura que la resolución "supone un toque de atención al Tribunal Constitucional  que no quiso apreciar discriminación ni tuvo en cuenta las  circunstancias en las que se constituyó el matrimonio".

"Es  importante que las administraciones tengan en cuenta que la  vulnerabilidad de las minorías étnicas en sus decisiones judiciales",  añade.

Hoy ha llegado hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la reclamación de una española a la que la Seguridad Social le niega la pensión de viudedad por estar casada sólo por el rito gitano. El tribunal ha escuchado los argumentos de su abogado y del Estado español; y decidirá en seis meses.

En su opinión, la sentencia hace justicia con ella y con toda la  comunidad, "porque trasmite la idea que todos los valores, la tradición y la historia de siglos de un colectivo no se puede despachar".

Su marido trabajó durante 19 años

Asimismo, recuerda que la pareja tenía libro de familia y recibía cobertura sanitaria, mientras que después le niegan el cobro de la  ayuda.

"Su marido contribuyó a la Seguridad Social durante 19 años.  Está claro que si no se reconoce nuestra igualdad de derechos difícilmente se nos pueden exigir los mismos deberes", denuncia.

Finalmente, critica que, aunque en la actualidad la mayor parte de los matrimonios gitanos se casan civilmente después, hay casos similares al de 'la Nena' pero no salen a la luz "porque asumen y callan".

"Para la comunidad no es fácil defender sus derechos, porque llevan años discriminados", destaca.

Con el fallo judicial, la corte europea establece un plazo de tres meses para que el Estado indemnice a la mujer con 70.000 euros en compensación por los perjuicios generados a causa de la  "discriminación" a la que fue sometida y anuncia que sentará  jurisprudencia.