El ex alto cargo de CiU Macià Alavedra, a su llegada a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez Baltasar Garzón.EFE
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para dos de los principales imputados en el caso 'Pretoria' de presunta corrupción urbanística, el ex consejero de CiU Maci Alavedra y el ex secretario general de Presidencia Lluís Prenafeta, según fuentes jurídicas.
Según estas fuentes, el magistrado modifica la situación de prisión preventiva de ambos ex altos cargos de CiU al entender que el riesgo de destrucción de pruebas ha desaparecido.
De esta manera, una vez ingresen el millón de euros Maci y Alavedra podrán abandonar la prisión en la que se encuentran desde el pasado 30 de octubre. Ambos deberán comparecer cada 15 días en un juzgado y no podrán abandonar el país, por orden del juez Garzón.
En el auto en el que ordenó su ingreso en prisión, el juez afirmaba que Prenafeta habría percibido al menos 637.590 euros de las operaciones "Niesma" y "Badalona", mientras que Alavedra habría conseguido por intermediar en esos proyectos la misma cantidad, que habría blanqueado fuera de España para luego volverla a introducir en el país.
Sólo entre mayo y junio de este año, Alavedra podía haber blanqueado 300.000 euros, según el auto, que añadía que los dos ex altos cargos usaban sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales de otro de los imputados, el empresario Lluis Casamitjana, del que recibían comisiones a través de la promotora Espais que luego blanqueaban.
Alavedra y Prenafeta están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Por su parte, el hijo de Lluis Prenafeta, Marc Prenafeta, ha señalado tras visitar a su padre en la cárcel de Can Brians 2, que la libertad bajo fianza de un millón de euros decretada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "es una cifra muy alta" y difícil de conseguir.
Marc Prenafeta ha señalado a los periodistas, a la puerta de la cárcel, que "no creo que puedan salir hoy, mañana ya veremos. Mi padre está afectado, esta situación nos afecta a todos".
Por su parte, el abogado de los dos imputados, Juan Córdoba, ha dicho que "se están buscando medios para constituir la fianza" decretada por Baltasar Garzón para que sus defendidos puedan salir de la cárcel.
El juez de la Audiencia Nacional había rechazado el pasado 23 de noviembre, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, argumentada por su avanzada edad, más de 70 años, y por el poco riesgo de destrucción pruebas.
Con la puesta en libertad de Alavedra y Prenafeta, sólo permanecen en prisión incondicional el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto "cerebro" de la trama Luis García.
El pasado día 2, el magistrado ya había acordado la puesta en libertad, bajo fianza de 200.000 euros, del ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco. Otras cuatro personas imputadas en la primera fase de la operación, los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela, habían quedado en libertad bajo fianza tras comparecer ante Garzón el pasado 30 de octubre.
La semana pasada, el magistrado imputó a otras once personas, entre ellas las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente, acusadas de un delito de blanqueo de capitales y para quienes la Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar después de que declararan ante el juez.
Entre el resto de los imputados, todos ellos en libertad, están el ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas Margarit, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), el ex edil socialista de esta localidad Antoni Jiménez, y el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó.
También figuran como imputados en la causa el administrador de Niesma Corporació, Manuel Valera; el arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluis Falcón; y el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido.
En esta última tanda de imputados figura asimismo la madre de Muñoz, Josefina Calvet -a la que el juez acusa de haber recibido junto con su hijo un millón de euros-, que no compareció ante Garzón la semana pasada porque padece alzheimer y, según varios informes médicos presentados al magistrado, no puede prestar declaración, por lo que el juez designará a un forense para que la examine.
También figura Philip McMahan Bolich, que tiene su residencia en Andorra y por ello Garzón ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle.
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