El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga el presunto chivatazo a la organización terrorista ETA, ha ordenado a la Policía Científica que realice un análisis de un vídeo grabado en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) para determinar "si las alteraciones que aparecen son accidentales o existe algún tipo de manipulación, corte o acción externa sobre la cinta", según fuentes de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), personada como acusación popular.

Este colecitvo reclamó el pasado 29 de octubre esta diligencia en un escrito en el que le solicitaba al juez que no archivase la causa alegando, entre otras cuestiones, que el vídeo grabado por la Policía presenta dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectarían a un momento "clave" de la investigación.

El primero afectaría, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10:52 y 10:55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11:11.12 horas hasta las 11:11.28.

Según el  informe de la Fiscalía, la supuesta "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas.

En el caso del 'chivatazo' se investiga quién fue el policía que presuntamente alertó de una operación policial contra la red de extorsión de ETA al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, en Irún, al que estaba vinculada esta red de extorsión.

La operación Faisán se desarrolló finalmente el 20 de junio de 2006 y permitió desarticular una red de extorsión de ETA que utilizaba el bar para el cobro del 'impuesto revolucionario'. En total hay 24 personas procesadas por delitos de terrorismo a la espera de juicio.

La Fiscalía se adhirió a la petición

A esta petición se adhirió posteriormente la Fiscalía con un escrito en el que solicitaba que se determinara si la cinta fue "grabada con proyector manual y a cargo de persona física o con colocación fija", si los cortes pudieron ser provocados por "agentes externos accidentalmente o por deterioro" y si, en "caso de existir alguna imagen grabada", se pudiera "recuperar".

Garzón también rechaza en su auto el resto de diligencias solicitadas por las acusaciones populares, entre ellas también la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Así, considera "absolutamente improcedente tanto en la fondo como en la  forma" que la Guardia Civil pueda asumir la investigación, ya que, según el juez, "los funcionarios asignados a esta investigación han realizado una actuación exhaustiva, difícilmente superable".

También considera "innecesario" que las autoridades judiciales francesas remitan la información de que disponen sobre el  tráfico de llamadas intervenido el día de la operación, así como las desviaciones telefónicas a las que estaban sometidos los investigados. 

El pasado 1 de octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar la autoría de la supuesta delación.