La defensa del ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos ha asegurado este jueves que su cliente sufre "depresión y estrés postraumático" y que su extradición a España, donde es reclamado por supuestos delitos de terrorismo, podría empeorar su situación y llevarlo incluso "a la muerte".
Esas han sido las principales alegaciones de la defensa de De Juana durante una vista que se celebra entre el jueves y el viernes en Belfast y tras la cual el juez instructor, Thomas Burgess, debe decidir si ratifica su sentencia del pasado marzo, cuando dio luz verde a la extradición.
La defensa del etarra mantiene desde entonces que en España se violan los derechos fundamentales de su cliente porque se está dando un proceso judicial viciado en el que se prejuzga a De Juana.
Los argumentos de la defensa han sido refrendados por uno de sus testigos, el experto en psiquiatría forense Adrian Thomas Grounds, quien ha basado su diagnóstico sobre la actual salud mental del ex jefe del "Comando Madrid" de ETA en dos entrevistas, con intérprete, de cuatro horas cada una, aproximadamente.
En el transcurso de su evaluación, ha recordado el médico, se detectó en De Juana un cuadro de "depresión y de estrés postraumático", el cual "empeoraría severamente" si el ex preso volviese a España porque, según él, volvería a las condiciones que propiciaron la aparición de esas enfermedades psíquicas.
En ese caso, Grounds ha asegurado que, por su situación, De Juana no "podría afrontar otro periodo de detención prologada", sus síntomas empeorarían y podría contemplar la posibilidad del "suicidio" a través de otra huelga de hambre.
Interrogado después por el abogado que representa los intereses de la Justicia española en este tribunal norirlandés, Stephen Ritchie, el médico ha reconocido que De Juana nunca tuvo tendencias suicidas durante el tiempo que estuvo encarcelado en España y que las huelgas de hambre "representaban una forma de resistencia".
En su sentencia del pasado 10 de marzo, el juez Burgess dio luz verde a una petición española en ese sentido al considerar que ese delito justifica la extradición del acusado en virtud de la ley británica sobre terrorismo de 2006.
Desde entonces, este tribunal ha estudiado los alegatos de la defensa contra un fallo que, según ésta, no ha tenido en cuenta que en España se está dando, además, un proceso judicial viciado en el que se prejuzga a su cliente y, por lo tanto, se violan sus derechos fundamentales.
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