
Monitores y teclados rotos en una performance celebrada durante la feria SIMO.SERGIO PÉREZ / REUTERS
La Unión Europea ha aprobado que las autoridades administrativas de los Estados miembros puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido, según el acuerdo alcanzado esta madrugada por los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara para reformar la regulación del sector de las telecomunicaciones.
En España, la legislación exige una autorización previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.
La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde ha asegurado esta mañana, en Los desayunos de TVE, que "la comisión que estudia el tema de las descargas de Internet no contempla medidas punitivas para el usuario final que se baja una película o una canción en su casa"
Hay que atacar los que se apropian de productos de otras personas y las ponen en la red
"La realidad es que no contemplamos las medidas prohibitivas ni las multas, esa es la posición de la Coalición de Creadores. Lo que hay que atacar es a los que se apropian de productos de otras personas y las ponen en la red. Lo primero es atacar el origen de todos esos productos y ver cómo se puede controlar de forma beneficiosa para los usuarios y para los que invierten en cultura para que puedan seguir haciéndolo"
El compromiso europeo fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente el acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27.
Pero en la fase final de las negociaciones, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.
A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación.
En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática".
Tales medidas sólo podrán adoptarse "respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad" y como resultado de un "procedimiento previo, justo e imparcial" que garantice "el derecho a ser escuchado" y "el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno".
El acuerdo final todavía debe ser ratificado por los ministros de Telecomunicaciones y por el pleno de la Eurocámara durante el mes de noviembre. Si se cumplen los plazos, podría entrar en vigor a principios de 2010. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.
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