Una semana después de que la Cámara de Representantes lo aprobara, el Senado ha dado el visto bueno para que los detenidos en Guantánamo puedan ser trasladados al territorio continental de Estados Unidos. Con una limitación: sólo para ser juzgados en los tribunales norteamericanos.
El Senado ha respaldado por amplia mayoría el proyecto de ley: 79 votos a favor frente a 19 en contra. Con la aprobación del Congreso, sólo resta la firma de Obama para que el proyecto se convierta en ley y salvar así uno de los principales obstáculos para cerrar Guantánamo.
La medida ha sido incluida en un cajón de sastre legal que financia al departamento de Interior con más de 40.000 millones de dólares este año fiscal. El proyecto también permite al Pentágono paralizar la publicación de las fotos de abusos a sospechosos de terrorismo.
En la prisión de Guantánamo permanecen todavía cerca de 220 detenidos. Una de las dificultades que afronta Obama para cerrar esta cárcel es la oposición interna al traslado de los prisioneros a Estados Unidos.
Dentro de esa resistencia, la última muestra la ha dado el Tribunal Supremo. Ha descartado las objeciones de la administración Obama y ha decidido estudiar si los jueces tienen potestad para liberar en territorio continental a todos aquellos prisioneros que no sean una amenaza terrorista. El caso viene de la apelación de un grupo de uigures, quienes siguen detenidos a pesar de que ya no hay cargos en su contra.
En el frente político, los republicanos se oponen a que los sospechosos de terrorismo gocen de la misma protección que el resto de los ciudadanos y temen que creen problemas de seguridad. Otros muchos se resisten a que sean trasladados a prisiones de alta seguridad en el continente. Temen que las poblaciones próximas se conviertan en objetivo terrorista.
De hecho, hasta ahora sólo se ha confirmado el juicio de un preso de Guantánamo y la inmensa mayoría de los reclusos liberados han sido trasladados a otros países. España estudia acoger hasta media docena, aunque el Gobierno sólo contempla que tres cumplen los requisitos legales para recibirles.
Ante estos obstáculos, el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder, ha reconocido que es posible que no se cumpla el plazo de un año al que se comprometió Obama para cerrar Guantánamo.
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