RTVE.es / EFE - VALENCIA El secretario general del PP y portavoz del partido en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha informado este martes de que ha denunciado ante el Juzgado Decano de Madrid la "persecución política" de la que se ha sentido víctima "desde las más altas instancias del Estado".

El TSJ de Valencia archivó a principios de agosto la causa abierta contra él y del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por cohecho impropio en el marco del caso Gürtel. El juez del a Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se inhibió a favor de este tribunal, les acusó de recibir regalos de las empresas de  Correa, el cabecilla de la trama.

Costa ha informado de esta denuncia en una rueda de prensa en la que también ha anunciado que su grupo va a solicitar la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en la Comisión de Coordinación de la Cámara autonómica.

El dirigente popular ha manifestado respaldar todas las declaraciones realizadas por la dirección nacional de su partido sobre la existencia de escuchas ilegales a miembros del PP.

Aún no ha sido admitida a trámite

Costa, que ha explicado que la denuncia se presentó a finales de julio y aún no ha sido admitida a trámite, ha sostenido haberse sentido víctima de una "persecución silenciosa y propagandística, en donde se instrumentalizan los mecanismos del Estado y los medios de comunicación".

En este sentido, ha recordado que se han hecho públicas partes del sumario que le afectaban a él, "con premeditación, alevosía, marcando los tiempos y a un determinado grupo de comunicación" con el objetivo de "perjudicar" su imagen y la del partido al que representa.

Estas filtraciones, ha sostenido, sólo las ha podido hacer un "funcionario público" que tiene que "custodiar" información que está "bajo secreto de sumario" y que ha sido "utilizado" para que se filtraran a los medios de comunicación algo que el PP no va a "cejar en denunciar" porque no son "vasallos ni sumisos".

Costa se ha puesto como un "ejemplo" de esta persecución y ha destacado que esta denuncia persigue conocer "quién es el responsable de realizar las grabaciones, de custodiar los sumarios secretos y quiénes son los responsables de que haya aparecido eso en los medios de comunicación".

El portavoz popular se ha preguntado si hoy le toca al PP, "cuándo le tocará a una asociación de la sociedad civil" y se ha planteado "dónde están los límites".

Comparecencia de De la Vega y Conde-Pumpido

Respecto a la petición de comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ha informado de que el objetivo es conocer si ha habido "una violación premeditada de ese espacio" que debe existir entre los distintos poderes del Estado "con el único objetivo de seguir atacando" al presidente de la Generalitat y otros cargos del PP.

El portavoz del PP en Les Corts ha admitido que la vicepresidenta y el fiscal general no tienen la "obligación legal" de comparecer en Les Corts Valencianes y ha puntualizado que están a merced de la "voluntad política de transparencia que tenga el Partido Socialista", aunque les ha animado a aceptar la propuesta ya que sería "una ayuda" para "limpiar" la imagen del Gobierno.

Según Costa, De la Vega "de dar explicaciones no sabe nada, sabe escurrir el bulto mientras el Estado de Derecho pierde credibilidad y la independencia de la Fiscalía salta por los aires", y ha incidido en que debería indicar si el equipo de la vicepresidenta también pide información a la Fiscalía sobre "los violadores, los pirómanos, los terroristas o los asesinos en serie"

Pons insiste en que las pruebas se han aportado

Las declaraciones en este sentido han continuado este martes, en el que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha insistido en que ya han presentado las pruebas que demuestran que les han espiado y que ahora correponde a la Policía y la Fiscalía investigar quién lo hizo.

González Pons asegura que las pruebas se aportaron en la denuncia que presentó Trillo en julio y que se refieren a dos conversaciones del presidente valenciano, Francisco Camps, una de ella fuera del sumario del caso Gürtel.

La secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, la primera que denunció este verano que se estaban produciendo escuchas ilegales a miembros de su partido, ha insistido en la misma idea aunque sigue sin dar nombres. De Cospedal asegura que se ratifica "absolutamente" en todo lo que ha dicho.

Pero no ha sido el único. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y secretario de Comunicación del PP madrileño, Juan José Güemes, ha afirmado que los gobiernos socialistas tienen una "larga trayectoria" en cuanto a espionajes.

Aguirre se disculpa y Rubalcaba se lo agradece

La que ha matizado sus palabras ha sido la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien ha asegurado que nunca ha querido decir que las escuchas las hacía Rubalcaba, sino que "las escuchas son siempre a miembros del PP".

El ministro ha agradecido a Aguirre la rectificación "entre otras cosas porque en España no se hacen escuchas ilegales y lo saben perfectamente Rajoy, Cospedal y los dirigentes del PP. Las ordenan los jueces y solo se autoriza para investigar a presuntos delincuentes".

Desde el Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho ha pedido al Partido Popular que acabe con la "locura" de las escuchas ilegales.