EFE - MADRID El general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, condenados por falsear la identificación de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, han presentado el recurso contra la sentencia dictada  por la Audiencia Nacional.

Casualmente, la presentación de estos recursos coincide con el sexto aniversario de la tragedia ocurrida el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), aunque no vence el plazo para recurrir la sentencia, ya que una de las partes pidió una aclaración al tribunal y hasta que no dicte ese auto aclaratorio no comienza a contar el tiempo para la presentación de los recursos.

Una vez que finalice este plazo, la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional -encargada de juzgar los hechos y, por ello, ante la que se anuncian los recursos- remitirá la causa al Tribunal Supremo, que será el que los estudie.

La Asociación de familiares de víctimas del Yak-42 también ha recurrido la sentencia que condenó a 3 años de prisión a Navarro por falsear de forma consciente la identificación de 30 de los 62 cadáveres, y a 18 meses a Ramírez y Sáez, como responsables, al igual que Navarro, de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionarios públicos, pero en calidad de cómplices.

Disconformes por la denegación de pruebas

El abogado de la asociación, Leopoldo Gay, ha presentado el recurso por disconformidad con el propio fondo de la resolución y por cuestiones de forma, como la denegación de pruebas solicitadas (el tribunal no admitió el testimonio en la vista del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono).

Por su parte, el abogado Leopoldo Torres, que representa a otros familiares de los militares muertos, no ha recurrido la sentencia.

Además de a los tres años de cárcel, la Audiencia Nacional ha condenado a Navarro al pago de una indemnización de 10.000 euros por cada uno de los treinta militares erróneamente identificados como responsable civil, responsabilidad que de no poder cumplir deberá ser asumida por los otros dos acusados y si no por el Ministerio de Defensa. Por ello, está pendiente de conocerse si la Abogacía del Estado recurrirá la sentencia.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, que ha ejercido la acusación en esta causa y que pedía cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y seis meses para los otros dos acusados, no ha recurrido la sentencia al considerar que ha satisfecho sus tesis con respecto a la existencia de que hubo intención delictiva en las identificaciones erróneas.