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En Madrid, los funcionarios de la administración de justicia han empezado hoy una huelga

Los funcionarios judiciales de Madrid inician una huelga en una semana de protesta judicial

  • Alternarán quince días de huelga con una semana de trabajo

  • Critican las políticas restrictivas del Gobierno de la Comunidad de Madrid

  • Ésta será una semana tensa en el ámbito de la Justicia por la huelga convocada

  • Más de 4.500 jueces secundarán un paro considerado ilegal por el CGPJ

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Los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid alternarán a partir de este lunes quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión para forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.

La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce en una semana que se prevé tensa en el ámbito de la Justicia ya que varias asociaciones judiciales han convocado para este miércoles un paro que secundarán, según las previsiones, más de 4.500 jueces de toda España, a pesar de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha declarado ilegal esta protesta por no tener base jurídica.  

En este contexto, los funcionarios judiciales inician una protesta contra las que consideran políticas restrictivas del Gobierno de Madrid en materia económica y de personal. A ello se suma, dicen los convocantes, el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia del Gobierno regional, Alfredo Prada.
 
El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.

La huelga irá acompañada de concentraciones diarias, a las 8.30 horas, a las puertas de las principales sedes judiciales de Madrid, como los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial de Madrid y el Registro Civil de la calle Pradillo, entre otras.

Una huelga polémica


La decisión de varias asociaciones judiciales de ir a la huelga ha generado un importante debate social, ha dividido a la carrera judicial y ha suscitado polémica política, jurídica y con otros agentes judiciales.

Durante el último mes, el Gobierno, con el ministro de Justicia a la cabeza, ha intentado frenar la huelga de los jueces, negociando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha puesto de su parte, y sentándose a debatir con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados (APM,JpD,Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria).

Una delegación del Ministerio de Justicia, encabezada por el secretario de Estado, Julio Pérez Hernández, y otra del CGPJ se reunieron el 19 de enero y coincidieron en que la huelga no era el cauce más adecuado para conseguir las reivindicaciones de este colectivo, "por el enorme perjuicio que causaría a los ciudadanos".

En esa reunión, el Ministerio de Justicia consideró "asumibles" la mayoría de las peticiones que planteó el CGPJ para la mejora y modernización de la justicia.

El compromiso que salió de esa reunión fue incrementar el número de jueces en los próximos cuatro años, lo que supondría la incorporación de unos 700 nuevos jueces; modificar las leyes para suprimir el "ascenso forzoso" en la carrera judicial; crear la figura del "juez volante" para sustituciones; mejorar las retribuciones de los jueces por las jornadas de guardia y crear 15 nuevos juzgados mercantiles para aliviar el colapso de éstos, a tenor de la crisis.

El Ministerio de Justicia -esta vez encabezó la reunión el propio ministro Mariano Fernández Bermejo- se reunió el 26 de enero con las cuatro asociaciones de jueces, que llevaban en su cartera el documento original acordado en la reunión de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), que resumía en ocho puntos sus reinvindicaciones.

Tras siete horas de reunión, dos de las asociaciones convocadas, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han decidido romper la unidad de acción y sumarse a la huelga del 18 de febrero que habían acordado ya una buena parte de los jueces de provincias en las juntas de jueces que se han ido sucediendo durante las últimas semanas.

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