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El Constitucional confirma que Askatasuna y D3M no concurrirán a las elecciones vascas

  • Ratifica así la decisión del Supremo, que ambas formaciones habían recurrido
  • Señala que la vinculación con Batasuna que hizo aquel tribunal estaba bien fundamentada
  • La decisión ha sido adoptada por los cuatro miembros de la Sala Primera del Constitucional
  • Por primera vez, la izquierda radical abertzale no oncurrirá a las elecciones
  • La Abogacía del Estado estudirá ilegalizar a Askatasuna, aunque afirma que "no hay prisa"

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El Constitucional confirma la anulación de Askatasuna y D3M
El Tribunal Constitucional ha confirmado esta noche por unanimidad la decisión de la sala del 61 del Tribunal Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de Demokrazia 3 Milioi (D3M), que definitivamente no estarán presentes en las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo.

Minutos antes de la medianoche, y por tanto del comienzo de la campaña electoral, el Constitucional notificaba a los representantes de ambas formaciones su decisión, contra la que ya sólo cabe apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, lo que, en cualquier caso, no evitará que por primera vez no haya listas de "ETA-Batasuna" en las cabinas de voto del País Vasco.

Respecto de Askatasuna, el Constitucional considera que el conjunto de pruebas valoradas por la sala del 61 del Tribunal Supremo para acordar la anulación de sus listas electorales permiten concluir que este partido pretendía suceder a la ilegalizada Batasuna. La sentencia dice que la conclusión del Supremo "no puede admitirse que sea manifiestamente irrazonable y, por tanto, susceptible de ser corregida" por el Constitucional.

Los magistrados, que en principio sólo valoral la constitucionalidad de la sentencia del Supremo, dicen además que las pruebas que valoró ese tribunal "ponen de manifiesto un verdadero concierto material y de propósito entre organizaciones formalmente diversas que, por encima de una personalidad jurídica aparentemente distinta, buscan sólo alcanzar su integración vicaria en las instituciones al servicio de un grupo terrorista".

La sala considera "de especial relevancia" una de las conclusiones del Supremo más discutidas por Askatasuna, que se deriva del hecho de que muchas de las personas que figuran en sus listas hayan avalado "la presentación de candidaturas frente a las que, sin embargo, pretendían concurrir en unas mismas elecciones", en referencia a la agrupación Demokrazia 3 Milioi (D3M).

En cuanto a D3M, el tribunal ha considerado que ha quedado acreditada la "efectiva voluntad" de la agrupación electoral de "defraudar pronunciamientos judiciales firmes" mediante su instrumentalización al servicio de los partidos políticos ilegalizados HB-EH-Batasuna, ANV o EHAK/PCTV. La resolución, sostiene que la conclusión alcanzada por el Supremo de que existe una continuidad o sucesión de D3M respecto de los partidos ilegalizados ya citados, es un "juicio razonable y no arbitrario".

"No es irrazonable deducir del documento intervenido a un presunto miembro de ETA y del documento programático atribuido a Batasuna, que tanto la organización terrorista como los partidos ilegalizados han diseñado una estrategia de continuidad".

Ambas resoluciones han sido adoptadas por unanimidad por los cuatro magistrados que forman la sala primera del Constitucional.

Se estudiará la ilegalización

Por su parte, el abogado del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, ha asegurado tras la decisión del TC que estudiará ilegalizar a Askatasuna, aunque ha señalado que, de momento, "no hay prisa" porque ya se ha conseguido que no pueda concurrir a las próximas elecciones vascas.

De Fuentes acudió esta noche al Tribunal Constitucional para recibir en mano las sentencias contra D3M y Askatasuna; a su salida del tribunal, ha comentado que, tras lograr que Askatasuna no concurra a las elecciones, la Abogacía del Estado estudiará ahora si opta por la vía del incidente de ejecución o por la que se siguió con Acción Nacionalista Vasca, "un proceso con más densidad de prueba y argumentos".

En cualquier caso, ha indicado que ahora "prisa no hay" y es un asunto que la Abogacía del Estado estudiará "en las próximas semanas" y  entonces presentará al Gobierno las distintas opciones para que decida.

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