El secretario de Política Lingüística de la Generalitat dice que la decisión del Supremo no cambiará nada su modelo lingüístico

• El Supremo obliga a preguntar  a las familias la lengua que hablan los niños en casa
• Esa lengua debe ser respetada en las clases en la educación primaria e infantil
• La Generalitat considera que esta sentencia no cambia su modelo

La Generalitat aceptará la sentencia del Supremo sobre educación en castellano

Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha asegurado en unas declaraciones al diario Avui, que "la decisión del Supremo que obliga  la Generalitat a preguntar a los alumnos en qué idioma quieren recibir su educación no cambia para nada el modelo lingüístico del gobierno catalán.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba al departamento de Educació a consultar a la familia o  tutores de los alumnos la lengua habitual que hablan y a tenerla en cuenta a la hora de impartirles la educación infantil y primaria. La sentencia, que ha sido acogida con alegría por el Partido Popular y Ciutadans, ha sido en cambio minusvalorada por la Generalitat.

En declaraciones a TVE, el Gobierno catalán no ha querido valorar la decisión y se ha remitido a las declaraciones hechas por Bernat  Joan al Avui. En ellas, el responsable de Política Lingüística asegura que sentencias como esta pretenden ser "utilizar todas las armas posibles contra el catalán, pero no  tendrá trascencendia y no afectará al modelo". "Como mucho, pondremos una casilla más en los impresos de preinscripción en las escuelas", asegura.

Joan también explica que el Ejecutivo catalán cumple estrictamente la ley y, en todo caso, encuentra que "no es un problema que se pregunte a los padres cuál es la lengua habitual de los niños. Ciertamente es importante saberlo porque, si no es el catalán, necesitarán más atención". Pero también advierte que "la verdadera intención de la denuncia de Convivencia Cívica Catalana no es defender el derecho de los niños, si no pervertir un principio básico de la educación, que es que las necesidades educativas de un niño que no habla catalán podrán ser más elevadas que las de un catalanoparlantes en las fases educativas inciales".