El Gobierno de Bolivia ha cancelado la tradicional sesión con la que el Congreso suele celebrar en Sucre la Fiesta Nacional. El motivo esgrimido es "garantizar la seguridad física" de los legisladores frente a los actos de violencia que, asegura, están promoviendo las autoridades sucrenses.

Ya el lunes, el presidente boliviano, Evo Morales, confirmaba que no asistiría a la cita para evitar, recordaba, enfrentamientos con la policía como los registrados las últimas veces que el mandatario ha anunciado su llegada a la ciudad.

Los ánimos en Bolivia están ciertamente muy calientes. Lo están desde que Evo Morales decidiera sacar adelante su proyecto de reforma de la Constitución, pero sobre todo desde que regiones como Sucre, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando decidieran desafiar a la mismísima Asamblea Constituyente con argumentos autonomistas.

Consulta revocatoria

El próximo domingo, precisamente, se celebra en el país un referéndum en el que los ciudadanos van a decidir si el presidente boliviano, el vicepresidente y varios gobernadores -la mayoría opositores- continúan en sus cargos. Una consulta revocatoria que ha sido auspiciada por el propio Evo Morales. El objetivo, tal y como ha expresado el mandatario, es permitir a los bolivianos elegir entre su proyecto de "refundación constitucional" y los movimientos autonomistas impulsados por los gobernadores que están en contra.

El camino hacia esta convocatoria no ha sido, como suele decirse, de rosas. Hace unas semanas, el Tribunal Constitucional boliviano ordenaba a la Corte Nacional Electoral que suspendiera la organización del referendo. La decisión era consecuencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional. Pese a todo, y aunque han calificado de injusta la ley que ampara la consulta, los gobernadores opositores han aceptado someterse a la misma.

Máxima tensión

Dados los antecedentes, se teme que la celebración del referendo se realice entre constantes disturbios. Sobre todo después de que en la localidad andina de Oruro dos mineros hayan muerto y más de cuarenta hayan resultado heridos en el transcurso de una protesta que ha derivado en graves enfrentamientos con la policía. Por estos hechos, que han impedido la visita de Hugo Chávez y Cristina Fernández a Bolivia, Gobierno y movimientos obreros se han acusado muturamente de "fascitas".

La comunidad internacional no va a permanecer ajena a lo que suceda estos días en el país andino. España, por ejemplo, ha enviado a Bolivia a una delegación de senadores para llevar a cabo una misión de observación. El grupo, encabezado por Iñaki Anasagasti, tiene previsto en primer lugar reunirse en Santa Cruz de la Sierra con el gobernador de la región que ha liderado el movimiento autonomista en el país.