Las organizaciones de consumidores consideran "desproporcionada" la subida de la luz que el Gobierno aprobará para el mes de julio, y que será, según el ministro de Industria, Miguel Sebastián, del 5 o 6%. Con esta subida y la del 3,3% por ciento que se produjo en enero, la electricidad costará un 9,3% más en julio de lo valía en diciembre de 2007.

Primero la Comisión Nacional de la Energía habló de una subida del 11%, después el presidente del Gobierno quiso tranquilizar a los consumidores asegurando que la subida estaría cercana al IPC, y finalmente, el ministro Sebastián desveló ayer que esa subida será del 5 o 6%. Este aumento se sumará al del 3,3% que aprobó el Ejecutivo en enero y dará como resultado un recibo de la luz un 9,3% más caro que el año pasado. Esto y la desaparición de la tarifa nocturna -en julio- ha motivado duras críticas tanto de las organizacióndes de consumidores.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, también ha criticado la subida de la luz y ha afirmado en una entrevista en Onda Cero que él "hubiera hecho una subida mínima".

 Consecuencias para las familias

La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha criticado el anuncio y ha pedido que el aumento no esté "por encima del IPC internaunal" (que está en el 4,7%) porque las familias "no pueden más" y están "muy endeudadas". Para Izverniceanu, las familias están ya "agobiadas" por la carestía de la cesta de la compra y la situación económica que atraviesa España, y añade que una subida de la luz es "un misil a la línea de flotación de las economías domésticas".

La OCU alerta de que si el Gobierno va a revisar cada tres meses la tarifa teniendo en cuenta el IPC anual, al final de año podríamos tener un recibo de la luz un 20% más caro "que es lo quieren las eléctricas", afirmó la portavoz, que ha criticado también que la llamada tarifa social se aplique en función a la potencia contratada y no a la renta.

En este sentido, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha aclarado que el objetivo de la tarifa social es el ahorro energético y que no tiene nada que ver con el nivel de renta y la situación personal de las familias.

Para la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI) la subida anunciada es "ser desproporcionada y exagerada al situarse por encima del IPC sin llevar aparejada ninguna mejora para los consumidores", afirmó la organización de consumidores en un comunicado.

Junto a esto, FUCI entiende que "la nueva tarifa social no es justa, ya que no se valoran los ingresos económicos de las familias, sino la potencia contratada, lo que supone una discriminación hacia los hogares en los que convive un mayor número de personas". En este sentido, la organización pide que se tengan en cuenta "circunstancias excepcionales de los consumidores como situaciones de desempleo, más aún teniendo en cuenta la actual coyuntura económica".