Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) han aprobado la directiva de retorno de los inmigrantes ilegales, que establece unos criterios mínimos en los Veintisiete países comunitarios, entre ellos, la asistencia jurídica gratuita.

El punto más polémico era el periodo máximo de detención. La directiva fija, finalmente, un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales para los indocumentados que no cooperan o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

La normativa ha sido aprobada por el Consejo de Ministros este jueves y el Parlamento Europeo deberá darle el visto bueno el próximo 17 de junio. La directiva entrará en vigor dos años después de su publicación en el diario oficial de la UE, es decir a mediados de 2010 si es aprobada por la Eurocámara.

Nueve países (Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda) no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar internados de forma indefinida. En España el periodo máximo es de 40 días.

Los estados que no tienen fijado ahora un límite de detención deberán cambiar sus leyes. España no estará obligada a cambiar su normativa porque la directiva de retorno no le obliga a ampliar el plazo de retención, aunque el Gobierno ya ha anunciado que lo estudiará.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.

Prohibida la entrada durante cinco años

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años.

Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días.

La directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.

Habrá asistencia jurídica

El último punto pendiente que ha retrasado la aprobación del texto era la cuestión sobre quién asume los costes de la asistencia legal de los inmigrantes que no puedan pagarla.

Varios países, encabezados por Alemania, Austria y Grecia, se negaban a que la asistencia jurídica gratuita fuera una obligación y por ello se había dejado la decisión en manos de cada Estado miembro. Sin embargo, los representantes del Parlamento Europeo protestaron y exigieron que se recogiera en la directiva la gratuidad.

Finalmente será gratuito pero con una serie de salvaguardas, que ya aparecen en la directiva sobre refugiados. La asistencia será gratis según estipulen las leyes nacionales. Para las apelaciones a las decisiones de expulsión, sólo se dará cuando haya posibilidades reales de éxito con límites de tiempo y cantidad económica.

Este principio entrará en vigor un año más tarde que el resto de la directiva. Asimismo, la Comisión se compromete a facilitar ayudas comunitarias para cubrir estos gastos y a elaborar un informe en el plazo de tres años sobre la aplicación de esta disposición.

Una norma "equilibrada y garantista"

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha insistido en que la norma de la UE que armoniza los procedimientos de repatriación de inmigrantes irregulares es "equilibrada, garantista y armónica" y representa un "avance" en la puesta en marcha de una política comunitaria común en materia de inmigración.