El juez de Tampa (Florida) que lleva el caso del pecio encontrado por Odyssey Marine Exploration ha ordenado a la empresa norteamericana que en el plazo de 30 días facilite el nombre real de los restos, ha informado el Ministerio de Cultura. Hasta la fecha, la compañía denominaba al mismo como Cisne Negro.

El magistrado Mark A. Pizzo se ha anticipado a las alegaciones de Odyssey sobre la supuesta dificultad que presentaría la identificación exacta del pecio, ordenándole que, en el caso de que no pueda aportar un nombre definitivo, exponga cuáles son las hipótesis más probables que maneja, según el comunicado del ministerio español.

Además, ha instado a Odyssey a que desvele los datos que empleó para localizar el punto exacto en el que se halló el yacimiento, agregó. Una vez que haga entrega de esta información, España dispondrá de un plazo de 10 días para aportar al juez la documentación y argumentos en los que se basa la sospecha de que el llamado Cisne Negro corresponde a un buque español, incluyendo si es posible su identificación precisa.

Por otro lado, el magistrado ha estimado el levantamiento de la orden de confidencialidad que pesaba sobre la información facilitada hasta ahora por Odyssey en relación con las piezas recuperadas del yacimiento, de acuerdo con la petición española, limitando dicha obligación a los documentos directamente vinculados a la identificación del pecio.

La empresa argumenta, en cambio, que la orden del juez protege la información del sitio y requiere una justificación inmediata de las reclamaciones de España basadas en pruebas.

Reclamación de España

En mayo del año pasado, la empresa descubrió un barco hundido con 17 toneladas de monedas de plata y oro que España afirma que se encontraba en aguas de su jurisdicción o que se trata de un galeón español en aguas internacionales. Ambas opciones adjudicarían el botín a España.

En octubre, las autoridades españoles retuvieron al barco de la firma Odyssey Marine Exploration y arrestaron a su capitán. Mientras, la empresa con sede en Florida intentó evitar los intentos de España de averiguar los datos del descubrimiento, de un valor estimado en 500 millones de dólares.

Odyssey ha dicho que encontró la nave en el océano Atlántico, fuera de cualquier agua territorial, mientras que España defiende que la empresa no actuó conforme a la ley, ya que el ministerio no autorizó ninguna actividad arqueológica ni sobre aguas jurisdiccionales españolas ni sobre pecios españoles.