Las defensas reconocen la desobediencia pero niegan la rebelión al reducir la violencia a actos "leves" y aislados
- El letrado de Junqueras califica de "absurda" la acusación de rebelión y ve una "causa general" contra el independentismo
- Melero, abogado del exconseller de Interior Forn, asume que su cliente desobedeció al TC: "Cedo esa trinchera"
Los abogados de los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo han reconocido este martes que sus defendidos pudieron cometer desobediencia por la celebración del referéndum del 1-O -un delito que no conlleva penas de prisión, solo inhabilitación y multa-, pero han negado categóricamente que sean autores de uno de rebelión al reducir la violencia que ve probada la Fiscalía a casos aislados y "leves". Unos actos que, han argumentado, no se pueden vincular a sus clientes como instigadores de los mismos y que, en todo caso, eran insuficientes para "doblegar al Estado" y lograr la secesión de Cataluña. Los letrados han negado también la sedición, de la que les acusa la Abogacía del Estado, y la malversación, y ven como mucho "desórdenes públicos".
Esta ha sido la idea principal que ha vertebrado los informes finales que han expuesto los tres primeros abogados en intervenir en la penúltima sesión del juicio del 'procés' y que defienden a seis de los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquin Forn, Jordi Turull y Josep Rull y al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia este miércoles, tras cuatro meses y 52 sesiones, después de que las defensas terminen sus informes y los acusados ejerzan su derecho a la última palabra.
El primero en tomar la palabra ha sido el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynden, que en clave más política ha comenzado calificando el juicio de "causa general" contra el independentismo -"lo que se persigue es una ideología", ha resumido- y ha terminado pidiendo al Supremo una sentencia que "resuelva el conflicto" de Cataluña y "devuelva la pelota a la política". El fallo, ha añadido, determinará el "alcance" de los derechos fundamentales y "generará el Código Penal aplicable la disidencia política".
La defensa de Junqueras reduce la "violencia" a casos aislados
Van den Eynden, que ha calificado el documento Enfocats de "panfleto", ha negado que en el llamado 'procés' hubiera violencia, que esta estuviera conectada con la actuación o la intención de los acusados y que fuera "idónea" para conseguir alguno de los fines que implica el delito de rebelión. En el caso que se juzga, la derogación de la Constitución y declarar la independencia de Cataluña. De hecho, ha ironizado con que la Fiscalía sea la única que defiende que la DUI tuvo valor y derogó la Carta Magna.
"La gente no salió a la calle a derrotar al Estado. La gente salió un día a protestar [el 20S frente a Economía] y otro a votar, a defender derechos. Eso no es un alzamiento (...) Hablar de golpe de Estado [como dijo la Fiscalía en su informe final] es contraestratégico para la acusación. Es la demostración de lo que está ocurriendo aquí. Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión", ha argumentado el letrado.
En este sentido, el abogado de Junqueras ha asegurado que la "tesis de la violencia" que defiende la Fiscalía es una "falacia" que ha construido cogiendo "dos imágenes aisladas" y elevándolas a categoría. Van den Eynden ha insistido en que el protesta del 20-S ante Economía fue una convocatoria "espontánea y no dirigida" y que las agresiones a los agentes de Policía y Guardia Civil el 1-O fueron "tres casos" protagonizados por "personas aisladas" como reacción a una situación de tensión.
Van den Eynden ha argumentado también que "nadie habló de violencia generaliza" en las reuniones que el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y sus comisarios mantuvieron con el Govern para intentar disuadirles de celebrar la consulta, según declararon los exmandos policiales en el juicio. Por este motivo, ha argumentado, hablar de "ese escenario de rebelión es absurdo". Al respecto, el letrado ha cargado contra el tratamiento "esquizoide" que hace la Fiscalía con los Mossos al aceptar como "prueba de cargo" estas reuniones, pero a la vez considerar a los Mossos "motor de la rebelión".
El abogado ha rechazado también que los hechos sean constitutivos de un delito de sedición como defiende la Abogacía del Estado: "El 1-O la gente no fue a parar a la Policía, la gente fue a votar. Fue la Policía la que fue a parar a la gente. Eso no es una sedición. Eso es una desobediencia de toda la vida".
La defensa de Forn ve desobediencia y "desórdenes públicos"
El segundo en intervenir ha sido el abogado del exconseller del Interior Joaquim Forn, el máximo responsable político de los Mossos el 1-O. Javier Melero -que ya en el arranque del juicio dijo que se encontraban ante un "juicio penal, ni más ni menos" frente a las acusaciones de "juicio político" de sus compañeros- se ha centrado en una exposición más técnica y ha acusado a la Fiscalía de "banalizar el concepto de violencia" recordando la "más triunfal de las rebeliones" contemporáneas en España, el golpe de Estado del dictador Francisco Franco el 18 de julio de 1936.
Melero ha destacado que, por muy "posmodernos" que se quieran poner las acusaciones, "el legislador [cuando definió qué es la rebelión en el Código Penal] está hablando de un ejecutor armado", y ha rechazado que se pueda atribuir lo ocurrido el 1-O a los acusados porque "nos encontramos ante la conducta autónoma de individuos". No hubo "hombre de atrás" que manejara a más de dos millones de personas para salir a la calle, ha añadido.
El defensor de Forn ha negado también que se declarara la independencia el 27 de octubre de 2017 y ha destacado que el 155 "fue acatado de inmediato (...) digan lo que digan" algunos a los que les molesta la afirmación, ha añadido en alusión a los sectores independentistas que sí defienden públicamente que la DUI tuvo valor.
Descarta así la rebelión, aunque reconoce que lo que ocurrió el 20S frente a Economía puede encajar en un delito de "desórdenes públicos" y actos de "resistencia a la autoridad". En cuanto a su defendido, Melero solo ha reconocido el delito de desobediencia de Forn por seguir adelante con la celebración del referéndum del 1-O a pesar de su suspensión. "Cedo esa trinchera. El señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional", ha subrayado Melero.
En su intervención, el abogado de exconseller ha sido muy duro con los ex altos cargos del Ministerio de Interior y los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los que ha acusado de simular la coordinación con los Mossos d'Esquadra cuando el objetivo inicial fue siempre, ha sostenido, una "intervención unilateral" en Cataluña. En ese sentido, ha calificado de "fraude" el dispositivo del 1-O y ha asegurado que el "gravísimo déficit de organización fue pretendido y buscado" y lo pagaron los agentes que intervinieron sobre el terreno.
Melero también ha hecho una defensa cerrada de la actuación de los Mossos y ha cargado contra la Fiscalía por considerarles testigos de cargo al creerles cuando relatan que advirtieron al Govern de los riesgos del 1-O y a la vez considerarles un "elemento imprescindible para la rebelión".
El letrado ha terminado su confiando en que la sentencia ayude a "reconstruir una España en la que solamente nos discutamos por William Faulkner" en alusión a la película Amanece que no es poco.
El abogado de Sànchez: "Nadie percibió un golpe de Estado"
El tercero en intervenir ha sido el abogado Jordi Pina, que defiende al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull. El letrado ha sostenido que en otoño de 2017 "nadie percibió lo que podemos entender por un golpe de Estado" como sostiene la Fiscalía y ha añadido que "la resistencia pacífica de los ciudadanos es incompatible con el alzamiento público que recoge el artículo 472 del Código Penal". Lo que ocurrió, ha sostenido, fueron "protestas y manifestaciones".
En la misma línea que el letrado de Junqueras ha reducido las agresiones a los agentes el 1-O a "cuatro actos concretos de leve violencia", que no pueden justificar en su opinión la acusación de rebelión. "¿La violencia para alcanzar la separación de un territorio del resto del país son escupitajos, el lanzamiento de una valla, de tres piedras y algún discapacitado que lanza algunas patadas contra personas que están en el suelo? ¿Esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado?", se ha preguntado Pina, que ha acusado a la Fiscalía de ser "incapaz" de demostrar con sus vídeos los testimonios de los agentes que describieron numerosas agresiones de ciudadanos.
Jordi Pina ha insistido también en que los hechos podrían ser constitutivos de desobediencia, pero que alguna "cabeza pensante" pensó que no se les podía imputar el mismo delito que a los promotores de la consulta del 9N de 2014 y que había que "escarmentar a las personas". En esta misma línea ha recordado que el auto de la jueza del TSJ de Cataluña que pidió impedir el referéndum hacía referencia a un delito de desobediencia y que por este motivo, según el letrado, hablaba de no "afectar a la normal convivencia ciudadana".
El abogado que, también ha rechazado la sedición y la malversación, ha criticado que se haya considerado a Sànchez como cabecilla de la rebelión y ha acusado a la Fiscalía de "hacer oídos sordos" a la prueba practicada en el juicio quedándose solo con lo que le interesa. Pina, que ha pedido la libertad para sus tres detenidos mientras el tribunal decide si los condena o no, ha terminado su intervención en catalán dirigiéndose a Sànchez, Turull y Rull: "Sea cual sea la sentencia, podéis estar tranquilos. Sois gente de paz".
El último en intervenir este martes ha sido el abogado del exconseller de Justicia Carles Mundó, que está acusado solo de malversación y desobediencia. Su letrado, Josep Riba, ha negado que "se gastara ni un solo céntimo" en el referéndum desde su departamento.
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