Ciudades contra la turistificación: desde plataformas para denunciar apartamentos ilegales hasta limitar los días de alquiler

Barcelona, a la caza del apartamento ilegal

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Barcelona en Comú y el PSC, está compaginando la persecución de los apartamentos ilegales con medidas para la ordenación del territorio. El equipo de Ada Colau ha aumentado el número de inspectores, ha puesto en marcha la web para presentar denuncias -que ha recibido más de 1.200 quejas en los seis primeros meses del año- y ha aplicado multas de hasta 600.000 euros a plataformas como Airbnb.

Pero las multas no son solo para estas empresas, los particulares también pueden ser sancionados con hasta 60.000 euros por alquilar una vivienda sin licencia frente a los 30.000 de antes. Hasta junio de este año, el Ayuntamiento ha iniciado 2.080 expedientes sancionadores, ha emitido 1.068 ceses de la actividad de alquilar una vivienda turística por un periodo igual o inferior a 31 días y ha impuesto 1.461 sanciones.

Actualmente el Consistorio mantiene un grupo de trabajo con plataformas como Homeaway, Booking, Rentalia, Apartur y Tripadvisor, para trabajar conjuntamente y controlar que solo se publiciten los anuncios con licencia. Por el momento, el equipo de Gobierno no se plantea limitar los días al año que se puede alquilar una vivienda, según fuentes municipales.

En enero de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que divide la ciudad en cuatro zonas para regular la implantación de establecimientos desde hoteles a viviendas de uso turístico (VUT).

Existe una zona 1 de decrecimiento que engloba los barrios con más presión turística -distrito de Ciutat Vella, la mayor parte de L'Example, la Vila de Gràcia y los barrios litorales de Sant Martí- en la que no se puede abrir ningún establecimiento nuevo. En la zona 2 de mantenimiento, que rodea la anterior, solo se puede abrir un nuevo alojamiento si cierra otro. En los barrios periféricos de la zona 3 se pueden abrir nuevos establecimientos teniendo en cuenta la densidad permitida y luego hay una zona 4 con regulación específica para otras partes de la ciudad.

El PEUAT establece un crecimiento cero de viviendas de uso turístico en toda la ciudad. Solo si se reduce el número de estos apartamentos en la zonas 1 -excepto en Ciutat Vella-, 2 y 3, será posible implantar otros nuevos en las zonas 2 y 3. Actualmente, según fuentes municipales, hay 9.606 VUT legales.

Valencia quiere limitar los días de alquiler turístico

El Ayuntamiento de Valencia anunció la semana pasada que se sentará en septiembre con Airbnb para intentar firmar un convenio de colaboración para regular el alquiler turístico en la ciudad y evitar así la turistificación del centro de la capital.

La concejala de Economía, Turismo y Empleo, Sandra Gómez, explica a RTVE.es que entre las opciones que barajan está la posibilidad de establecer una tasa turística y de limitar los días al año que un particular puede alquilar su vivienda. Aunque no se ha hablado todavía de cifras concretas, este máximo podría estar en torno a los 60 días como hacen otras ciudades europeas como Ámsterdam.

El objetivo es triple, según Gómez: regular la convivencia, proteger al turista como consumidor y evitar una "burbuja" desincentivando que la gente emplee sus ahorros para comprar un piso pensando en el alquiler a visitantes.

El Consistorio de Valencia, gobernado por el PSOE, Valencia en Común y Compromís, ha elaborado en los últimos meses un mapa detallado del alquiler turístico de la ciudad que ha arrojado un censo de 4.700 apartamentos que se alquilan a turistas, la mitad de ellos ilegales.

El problema, reconocen desde el Ayuntamiento, es la dificultad de controlar la oferta existente, ya que la actual normativa urbanística ya prohíbe que haya un piso destinado al alquiler turístico por encima de una vivienda residencial. Si en el piso primero de un edificio vive una familia, explican como ejemplo, no podría haber en ese bloque ningún apartamento turístico.

Madrid pide a la Comunidad que regule el sector

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, lleva tiempo exigiendo al Gobierno de la Comunidad, del PP, que regule los apartamentos turísticos o que delegue esta competencia en las administraciones locales, y se muestra partidario de los límites temporales como el que quiere poner en marcha Valencia.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, sostiene que el objetivo es "evitar que se convierta en un negocio que no paga impuestos ni se somete al cumplimiento de la normativa".

Entre las medidas que plantea está la de establecer un máximo de ocupación turística en los apartamentos. "En Ámsterdam, por ejemplo, son 60 días por año. Transcurrido ese plazo la casa sale de la oferta (web) hasta el año siguiente". También podría exigirse que se trate de la vivienda habitual presentando un certificado de empadronamiento para poder alquilar la vivienda.

"Así se evita que particulares o empresas puedan comprar varias viviendas para lucrarse con sus alquileres", sostiene el concejal.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento presentó un Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en el Distrito Centro, encargado a una consultora, que aconsejaba una "intervención rápida para frenar el mercado de multipropietarios y de fondos de inversión".

El estudio concluía que en este distrito de la ciudad había una oferta de 9.723 alojamientos -la mayoría hasta 8.120 viviendas completas- y que Sol es la zona que soporta mayor presión (3,12 apartamentos por cada 10 hogares frente al 1,23 de media).

El estudio señalaba entre las posibles líneas de actuación: verificar la legalidad de los requisitos urbanísticos de las VUT existentes, fijar un número máximo de estas viviendas por edificio, fijar el número de días que se puede alquilar un piso al año, buscar colaboración con las plataformas, implantar una tasa turística o zonificar la ciudad y establecer restricciones.

Islas Baleares, hacia el decrecimiento turístico

Baleares estrenó el martes su nueva normativa de alquiler turístico, que endurece las multas tanto para las plataformas (desde 40.001 a 400.000 euros) como para los propietarios o comercializadores (de 20.0001 y 40.000 euros) que alquilen pisos y apuesta por el decrecimiento turístico fijando un techo de 623.624 plazas -incluidos los hoteles- para todo el archipiélago.

El actual Govern del PSIB-PSOE y MÉS ha endurecido la ley aprobada en 2012 por el ejecutivo de Bauzá (PP), que ya prohibía el alquiler de pisos a turistas en bloques plurifamiliares y lo reservaba a las casas y adosados con licencia. En la práctica, sin embargo, se siguieron alquilando apartamentos a través de la ley estatal de Arrendamientos Urbanos.

La nueva ley balear cierra esa opción al considerar turística cualquier estancia inferior a 30 días. Si alguien alquila por menos días su piso sin contar con un contrato de arrendamiento y sin cobrar un mes completo de fianza, se considerará que está actuando ilegalmente y podrá ser multado con hasta 40.000 euros. De esta forma, las plataformas e inmobiliarias solo podrán ofrecer como alquiler turístico las casas unifamiliares y adosadas que ya tengan licencia turística. El Govern ha dado 15 días para que retiren los anuncios de pisos. Airbnb cree que la nueva norma es "compleja y confusa".

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Baleares multará con hasta 40.000 euros a los propietarios que alquilen pisos a turistas

La ley deja abierta la posibilidad de que los consells de cada isla y el Ayuntamiento de Palma decidan en el próximo año si permiten el alquiler turístico de pisos, por cuánto tiempo y en qué zonas.

En Mallorca tiene en la actualidad 300.127 plazas hoteleras y 92.931 en viviendas turísticas. El techo para esta isla se ha fijado en 435.707 plazas pero hay 120.000 que funcionan actualmente que se irán amortizando según se vayan dando de baja. Son las que se han dado de alta en los últimos años "a través de excepciones (hoteles de cinco estrellas, hoteles de ciudad, agroturismos, hoteles rurales, alquiler turístico, etc...)".