Bárcenas retira su acusación al PP sobre el borrado de sus ordenadores en la sede nacional de Génova
- Según sus abogados, tiene dificultades para costearse su representación legal
- Esta decisión del extesorero no supondrá la paralización del proceso
- La juez decidió procesar al PP por daños informáticos y encubrimiento
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 32 de Madrid en el que retira su acusación al PP de destruir los dos ordenadores que él empleaba en la sede del partido en la calle Génova.
Según su defensa, Bárcenas alega motivos económicos para justificar su retirada de la acusación, por las dificultades financieras para mantenerse en el proceso.
Y es que el extesorero sostiene en la actualidad una quincena de pleitos, la mayoría de ellos contra el PP o algunos de sus dirigentes. De hecho, a solicitó el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 10.000 euros de sus cuentas para hacer frente a los gastos de su equipo jurídico.
Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la decisión de Bárcenas -que presentó este lunes por la tarde el escrito de retirada- no supondrá que, en principio, el procedimiento se paralice, pues, además de estar personadas en el misma otras partes como Izquierda Unida o la Asociación Libre de Abogados (ALA), la juez ha decidido procesar al PP, su tesorera y gerente, Carmen Navarro; el asesor jurídico del partido, Alberto Durán; y el director de sistema de información, José Manuel Moreno.
La juez que investiga el borrado de los ordenadores, Rosa María Freire Pérez, acordó procesar al Partido Popular -el paso previo a sentarlo en el banquillo- por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento que habría cometido por la supuesta destrucción "a conciencia" de la información que contenían los discos duros.
Una información, señala la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid en un auto [.pdf], que "podría ser muy relevante" no solo para la defensa de Bárcenas, sino para la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, "una evidencia que no pudo pasar desapercibida" para sus responsables investigados en esta causa "pese a lo cual, o quizá por ello, impidieron incidiariamente, su acceso".
Si bien Bárcenas desiste de la acción penal, se reserva el derecho de presentar las "acciones civiles que pudieran corresponderle como perjudicado" para ejercitarlas de forma separada "en el momento y procedimiento oportunos". De esta forma, solicita a la juez que admita esta petición y, por tanto, pierda en el procedimiento su condición de parte para ser testigo.
La Fiscalía ya recurrió el procesamiento del PP
La Fiscalía de Madrid ha recurrido ya el procesamiento de todos al entender que no ha quedado probada la comisión de los delitos, no aplicables además a una persona jurídica como el PP.
Por ello, en su recurso, la fiscal Carmen Luciáñez sostiene que el procedimiento no puede dirigirse contra el PP por el delito de encubrimiento, porque el Código Penal no incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ese tipo delictivo.
También apunta a que no se puede acusar al PP del delito de daños "por no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado" como sostiene la juez cuando el responsable de informática del partido "se limitó a cumplir la ley aplicando la Ley de Protección de Datos al borrado seguro del ordenador", que consistió en sobrescribir el disco duro en 35 ocasiones y a la destrucción con rallado.
Discrepa además la fiscal de la afirmación de la juez relativa a que no ha resultado acreditado que dichos ordenadores estuviesen vacíos tal y como alegaron los investigados, ya que entiende que en un procedimiento penal, basándose en el principio de presunción de inocencia, "es la acusación, y no la defensa" la que debe probar "cuál era el contenido de dichos ordenadores".
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