Todo a expensas de CEOE, que mañana reúne a su Comité Ejecutivo para ver si dan el visto bueno a un documento que eleva las exoneraciones de cuotas empresariales para los ERTE de rebrote pero que, tal y como está planteado, dicen deja sin protección a muchos sectores. Hay entendimiento entre Gobierno y sindicatos. Los empresarios quieren que se permita despedir a partir del 31 de enero, fecha en la que vencería la próxima prórroga. Informa Esperanza Martín.
Tras nueve horas, ha terminado la reunión de Gobierno y agentes sociales en la que han acercado posturas para prorrogar los ERTE, cuyo plazo finaliza el miércoles. Falta el visto bueno de las ejecutivas de sindicatos y patronal, aunque el Gobierno está dispuestos a llevarlo igualmente al Consejo de Ministros.
Gobierno, sindicatos y empresarios llevan reunidos desde las once de esta mañana intentando alcanzar un acuerdo para prorrogar los ERTE, que expiran el próximo miércoles. Fuentes próximas a las negociaciones han asegurado a Radio Nacional que los empresarios han endurecido sus reivindicaciones y plantean que se elimine la prohibición de despedir durante seis meses. "Me gustaría llegar a un acuerdo, somos pactistas, pero no los están poniendo bastante complicado. Si consideramos que mucha gente se queda fuera, tendremos que decir que no", ha advertido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Unai Sordo, secretario general de CC.OO., ha indicado que “ha habido avances importantes” en la negociación sobre la prórroga de los ERTE entre Gobierno y agentes sociales. Ha comentado que lo que les importaba como sindicato era mantener y mejorar los índices de protección de los trabajadores en ERTE y abrir la posibilidad de que den cabida a los trabajadores que vayan a sufrir en un futuro despidos, ante la posible paralización de nuevo de la actividad económica. “Se mantienen los derechos adquiridos y se prevé la utilización de ERTE para todos los sectores en esta nueva ofensiva de la pandemia”, ha destacado el secretario general de CC.OO en el informativo 24 horas de RNE.
Sordo ha señalado diferencias en la negociación sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo: “Para los ERTE que se renuevan se prevén una serie de actividades en las que sí se podrían renovar, afectan a más de 200.000 personas. Hay otros criterios para las cadenas de valor de empresas directamente impactadas por la covid”. Unai Sordo ha considerado que el gran avance de la negociación ha sido que se adecuan los ERTE de rebrote para todas las actividades con amplias exoneraciones para que las empresas que han trabajado con cierta normalidad pero van a sufrir de nuevo los efectos de la pandemia puedan incorporarse de nuevo a ellos, las exoneraciones de la seguridad social beneficiarían a las empresas”. Sordo ha señalado que, para CC.OO lo “razonable” sería no estar pendiente de las fechas y adquirir el compromiso del Gobierno de que mientras haya pandemia, los ERTE durarán.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que la economía se recuperará cuando se controle la pandemia y sostiene que es más rentable mantener los ERTE que enviar al paro a los trabajadores en esa situación. Confía en alcanzar un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE, esta tarde se reúnen de nuevo los agentes sociales y el Gobierno, e insiste en dejar una puerta abierta a las empresas, más allá de que se fijen los sectores afectados.
Jaime García Cantero, analista y director de contenidos de El País Retina, ha comentado que la nueva regulación del teletrabajo “puede funcionar para evitar algunos abusos ligados al teletrabajo”, aunque ha lamentado que la “falta de ambición para producir la revolución de considerar el teletrabajo un derecho del trabajador”.
García Cantero ha explicaod en el informativo 24 horas de RNE que el decreto soluciona el tema del horario y la forma en la que controlar al trabajador y ha explicado que de esa regulación se deriva un problema: ¿qué datos recopilarán las empresas y para qué.
El Teletrabajo que nos ha traído la pandemia de coronavirus, ha llegado para quedarse. Gobierno, sindicatos y patronal han acordado un marco legal para que se pueda trabajar a distancia por medios informáticos, con los mismos derechos y obligaciones que tendría cualquier trabajador presencial. Esto es lo nuevo que trae el decreto.
El real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros para regular el teletrabajo contempla que sea reversible y voluntario para ambas partes y establece que sean las empresas las que corran con los gastos del trabajador a distancia con la excepción de aquellas que han recurrido a él para contener los contagios durante la pandemia. El porcentaje mínimo de teletrabajo deberá superar el 30% de la jornada laboral en cada trimestre. El lugar de trabajo no tendrá por qué ser el domicilio habitual del trabajador, pero la empresa debe tener constancia ya que hay que debe garantizar que se cumplan las normas de seguridad laboral.
El Consejo de Ministros aprobará mañana un Real Decreto Ley que regula el teletrabajo. Empresarios y sindicatos han acordado esta tarde un texto que fija un porcentaje del 30 por ciento de la jornada para que sea considerado teletrabajo. El texto obliga a las empresas a asumir parte de los gastos de material. El resto de detalles se decidirán en la negociación colectiva. El acuerdo no satisface a nadie al 100 por cien. La última palabra la tienen los máximos órganos de gobierno de Patronal y sindicatos que se reunirán a primera hora de mañana para dar el visto bueno o rechazar una regulación que irá posteriormente al Consejo de Ministros. Informa Esperanza Martín.
Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF, ha indicado en Las Mañanas de RNE que su sindicato hace una valoración “muy positiva” del acuerdo alcanzado con el Gobierno para regular el teletrabajo.
Borra cree que esta regulación ayudará a modernizar la administración y contempla que las administraciones deben equipar técnicamente a los empleados públicos.
El presidente de CSIF se ha posicionado en contra de la congelación de los salarios de los empleados públicos que el Gobierno dejó caer en los últimos días, puesto que los funcionarios han pagado “con creces” la crisis que ha vivido el país.
Borra cree que es importante, además, incrementar las ofertas púbicas de empleo.
“Nos faltan médicos, enfermeros, empleados en el SEPE, docentes… La crisis se ha llevado por delante muchos puestos de empleados públicos que ahora se han demostrado necesarios”, ha concluido.
