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Para cumplir con su objetivo de ahorro el Gobierno tomará otras medidas. Los funcionarios verán su sueldo congelado por segundo año consecutivo y se congela también el salario mínimo interprofesional. Se revisarán al alza las pensiones y se mantendrán las ayudas de 400 euros a parados que hayan agostado prestaciones y subsidios.

El Gobierno ha informado a los sindicatos de la sección pública de que congelerá el sueldo de los funcionarios y empleados públicos en 2012, en el Consejo de Ministros previsto este mismo viernes. La medida, según informa RNE afecta a todo el sector público, por lo que podría afectar a más de dos millones de personas. Los sindicatos no descartan que en marzo, con la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado se aplique una rebaja salarial.

Según la Generalitat, las transferencias se harán a lo largo del día. Los sindicatos exigen que se les pague la totalidad de la extra antes de que acabe el año.

El presidente de Cataluña ha pedido disculpas a los funcionarios por retenerles, en la nómima de diciembre, el IRPF de la extra de Navidad que no han cobrado. La Generalitat dice que no tiene liquidez y que por eso también ha retrasado el pago a la Seguridad Social. La vicepresidenta del Gobierno espera que se trate de una situación puntual y no generalizada.

En Madrid, una de las medidas de recorte que prevé el gobierno de Esperanza Aguirre es que los empleados públicos trabajen dos horas y media más a la semana. Así figura en las enmiendas que va a presentar el PP al proyecto de Ley de Presupuestos para 2012 en la comunidad. Oposición y sindicatos advierten de que habrá protestas, como en Educación.

Los funcionarios catalanes recibirán en Navidad sólo un 80 por ciento de la paga extra. El resto se retrasará, según la Generalitat, por los problemas derivados del impago por parte del Gobierno de casi 760 millones de euros contemplados en el Estatut.

Los sindicatos dicen que en nuestro país no sobran funcionarios y que por tanto está fuera de lugar la propuesta de la CEOE para poderlos despedir. El presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, matiza las palabras de Joan Rosell y dice que no es necesario recurrir a los despidos.