El Gobierno y el PSOE acuerdan prohibir por ley el corte de la luz a personas vulnerables

El bono social se puso en marcha en verano de 2009. Casi dos millones y medio de hogares se benefician actualmente de esta tarifa eléctrica, un 25% más barata, y que supone un ahorro anual medio de unos 200 euros. Solo es aplicable para viviendas usadas como residencia habitual. A partir de ahí ha de cumplirse al menos una de estas cuatro condiciones: tener una potencia contratada inferior a tres kilowatios, ser pensionista con ingresos mínimos, ser familia numerosa o que el hogar tenga a todos sus miembros en paro. Pero según los consumidores falta algo esencial: un requisito de renta.

Ligar el bono social a la renta de los beneficiarios es algo que, dice el ministro, habrá que estudiar en el desarrollo del nuevo reglamento para lo que se han dado un plazo de 3 meses. En cuanto a la financiación, hasta este momento corría a cargo de las grandes eléctricas, que eran las únicas que podían ofrecer esta tarifa. A partir de ahora, también las pequeñas podrán ofrecerla y deberán financiar el bono social, para eliminar la situación que una sentencia del Supremo consideraba discriminatoria.

Por distintos motivos la foto del acuerdo entre PSOE y Gobierno ha sido polémica. Podemos dice que es un intento del PSOE de lavarse la cara por su apoyo a nuevos recortes y que los dos se han saltado la iniciativa de Podemos sobre pobreza energética que el Congreso aprobó. "Un chanchullo de espaldas al Parlamento y a las organizaciones sociales, nosotros y nosotras no participamos de chanchullos ni de paripés", ha asegurado Rafael Mayoral. Ciudadanos, cuyas medidas finalmente se han incluido en el acuerdo, critica que se haya intentado dejarles fuera