El Parlamento boliviano es el segundo más femenino del mundo por detrás del de Ruanda. Existen leyes cremallera que exigen la paridad en todas las instituciones si bien, la igualdad numérica no se traduce en una igualdad real ya que muchas mujeres son presionadas en mayor o menor medida en el desempeño de sus funciones.
En el año 2012, la concejala de Ancoraimes Juana Quispe, que llevaba dos años recibiendo amenazas, fue asesinada. Meses después se aprobó la Ley contra el acoso y la violencia política. Una norma novedosa que, sin embargo, seis años después, sigue teniendo problemas de aplicación.
En 2017 se recibieron en el Parlamento 200 casos de acoso o violencia política. Las plantearon mujeres de todos los partidos y, en muchos casos, contra sus propios compañeros de filas. De esas 200 denuncias, la mitad llegaron a conciliación; un tercio fueron abandonadas y sólo el 20% llegaron a la justicia ordinaria donde encuentran otro escollo: la impunidad.
La ley contempla penas de entre dos y cinco años de cárcel para el acoso político y de entre 3 y 8 en el caso de la violencia política.
