Un día recibí una llamada de una señora desesperada que estaba y sigue esperando la ley de la dependencia. Como ella, son muchas las familias que esperan recibir la ayuda que otorga una ley que no llega a muchas familias que la la necesitan para afrontar el cuidado de sus mayores. Solos no pueden, no tienen los recursos suficientes para pagar una media de 2.000 euros mensuales en una residencia privada.
Me he desplazado a la cafetería de una de las residencias más demandas y céntricas de la ciudad de Sevilla con la familia que me contactó y he podido participar de una charla espontánea dónde aparecen los miedos, la incertidumbre y la preocupación generalizada de las hijas de ancianas que ya no tienen otra alternativa que vivir en una residencia dónde estén atendidas. Son mujeres que están entre los 80 y los 90 años y sus hijas también son mayores y tienen sus propios achaques. No tienen fuerza para mover a sus mayores y atenderles como se merecen. Y desde los servicios sociales reconocen que dependiendo de la zona se puede tardar entre uno y tres años tramitar la dependencia pero no hay recursos, no hay asistentes sociales que sigan con los trámites. Una frustración para los trabajadores sociales que se sienten impotentes cada vez que familias como la que me contactó van a servicios sociales a pedir explicaciones.
