El presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció hace dos días que daba por terminado el acuerdo con la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una misión que trabaja en el país desde 2007 para luchar contra la corrupción. Su presencia en el país es el fruto de un acuerdo suscrito entonces entre el gobierno del país y Naciones Unidas. Sin embargo el pasado verano la CICIG y la fiscalía señalaron al propio presidente de financiación ilegal de su partido en la campaña electoral de 2015 tras la que llegó al poder. Esto ha creado un gran revuelo, una crisis política en el país, ya que el personal de la CICIG tuvo que dejar el país. Ayer la Corte de Constitucionalidad anulaba la expulsión de los miembros del CICIG y hoy la Corte Suprema de Justicia ha tramitadouna solicitud de desafuero contra tres magistrados de la Corte que emitieron tal anulación. Distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos están reunidos ahora mismo con el Procurador de Derechos Humanos. Hemos sacado unos minutos de este encuentro a Julio González, que pertenece al colectivo Madreselva para hacerle unas preguntas.
